El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión incondicional de los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas por su supuesta participación en una organización que se dedica al fraude en el pago de impuestos relacionados con hidrocarburos. la hermana de este último, María Luisa Rivas, ha quedado en libertad con medidas cautelares.
El titular del Juzgado Central nº5 señala que los investigados están implicados en delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, y contra la Hacienda pública, además de un fraude que podría alcanzar los 182.513.923,15 euros.
Como responsables de la organización criminal, el instructor identifica a los codirectores Claudio Rivas y Víctor de Aldama, mientras que María Luisa Rivas ocupa el cargo de subdirectora. Además, menciona a otros colaboradores y a varios testaferros que se encuentran en los órganos de administración de las empresas proveedoras.
La organización criminal, según explica Pedraz, creó y llevó a cabo una estructura empresarial paralela con el fin de perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Fondos de origen delictivo fueron transferidos a las cuentas bancarias asociadas a esta estructura, principalmente desde las cuentas de las empresas suministradoras. Como el dinero proviene de estas mercantiles, que se utilizan para reducir el precio del hidrocarburo mediante un IVA que no se va a pagar, todos los fondos transferidos son, en efecto, parte de la cuota que supuestamente ha sido defraudada.
Funcionamiento de la trama
Con un análisis detallado, la resolución del juez examina la operativa que los investigados implementaron para realizar la actividad defraudatoria, utilizando diversas sociedades instrumentales para operar en el mercado.
El magistrado señala que uno de los objetivos de esta organización estaba dirigido al blanqueo de capitales, el cual ha sido parcialmente identificado. Este proceso implicaba el retorno de fondos a través de bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas y otros artículos de consumo que, según el juez, fueron disfrutados por Aldama.
Las transferencias de fondos habrían estado respaldadas por supuestos contratos de prestación de servicios. Según el magistrado, es posible que existan otras sociedades con cuentas bancarias en el extranjero que aún no han sido detectadas, a través de las cuales los investigados podrían gestionar sus operaciones para proteger el patrimonio relacionado.
La prisión provisional de Aldama y Claudio Rivas es justificada por el magistrado debido a la gravedad del delito, así como por la posible pena que podrían enfrentar, lo que podría llevar a los acusados a evadir la justicia. Además, el magistrado señala que en esta etapa inicial de la investigación aún queda mucho material de las entradas y registros por analizar, lo cual podría dar lugar a nuevas diligencias. A esto se suman las medidas cautelares reales establecidas para intentar recuperar lo defraudado, las cuales podrían verse comprometidas si ambos investigados obtienen su libertad.
Para María Luisa Rivas, el juez ha establecido como medidas cautelares la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio, la confiscación de su pasaporte, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, además de la necesidad de proporcionar un domicilio y un número telefónico para recibir notificaciones.
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