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Ayuso, menos pedir y más dar

miércoles 24 de febrero de 2021, 21:21h

Cada semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso aparece en escena con una o varias ocurrencias. Salvo que entre el lapsus de rematar estas líneas y su publicación surja alguna nueva, la última (repleta de ideología) consiste en eximir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de impuestos y cotizaciones. Tal como ya he afirmado, sería una frivolidad si no fuera porque tiene consecuencias sobre los salarios y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.

Lo que plantea Ayuso con esta propuesta es que los empresarios no paguen las cotizaciones y que se descuenten también el IRPF, todo en beneficio justamente de ellos. ¿Acaso un salario de 950 euros en Madrid es un lujo?, ¿qué tipo de proyecto empresarial es aquél que se sustenta en empleos precarios y salarios bajos? En esta región hay más de medio millón de trabajadoras y trabajadores con unos salarios por debajo de 1.000 euros y si no fuera por los últimos incrementos del SMI habría 200.000 más como hace tres años.

Hubiera sido más presentable que la presidenta reclamara un mayor aumento del SMI este año hasta 1.000 euros como reclamamos los sindicatos, dada la carestía de la vida en nuestra región. Y también que pensara en toda la ciudadanía madrileña, no solo en las patronales, de quienes propaga la mentira de que la subida del salario mínimo destruye empleo, cuando los datos demuestran justo lo contrario.

Como tantas otras, la finalidad de esta iniciativa es desprestigiar los impuestos, propagando las rebajas fiscales y, al mismo tiempo, ocultar que su propuesta es siempre rebajar impuestos precisamente a aquellos que más tienen. En política es comprensible una pizca de demagogia para salpimentar declaraciones. El problema es que, igual que tantas cosas, la desorbitada demagogia de Ayuso parece que ha llegado para quedarse.

En este terreno, quiero pedir a patronales y al empresariado un poco de responsabilidad y coherencia. No se puede estar constantemente despotricando contra cotizaciones e impuestos, reclamando rebajas fiscales y adelgazamiento del sector público y, a la vez, estar recibiendo miles de millones del erario público como relataré más adelante y, encima , reclamar de forma airada que todavía se incrementen.

Y seguimos sin presupuestos, por lo tanto, ni habrá las insuficientes ayudas a las empresas que nos presentó el consejero de Economía y están en riesgo todos los planes de recuperación. Vivimos de las transferencias del Gobierno de la Nación y de las que vienen de Europa. Todo lo han dejado en manos de VOX. Incapaces de aprovecha el capital de consenso político y social conseguido con el Dictamen de la Asamblea para la Reconstrucción.

Ayuso crispa y agita pero es incapaz de gestionar un sólo euro en beneficio de la Comunidad. En estos tiempos dramáticos se requieren medidas como las adoptadas por la Unión Europea y el Gobierno de España con el diálogo y acuerdo con los agentes sociales. El gasto asumido por el Estado para asistir a las comunidades autónomas en transferencias por fondo COVID, fondo social extraordinario, gasto en ERTE y cese actividad de autónomos asciende a 32.901,3 millones de euros. A esto se pueden añadir 87.194,2 millones de euros en líneas ICO, que avalan a 581.231 empresas. En todo el Estado se ha podido cubrir a 4.547.525 personas entre ERTE y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y habrían sido más si no tuvieran limitado este último con una burocracia poco justificable. Es lo que hemos venido calificando como necesario “escudo social”, para evitar que esta pandemia temporal hiciera un agujero estructural en nuestro tejido empresarial y en el empleo, además de ser devorados por la desigualdad.

Con estos fondos, las comunidades autónomas han activado ayudas directas, excepto en Madrid, el territorio en el que más propaganda y agitación está llevando a cabo contra el Gobierno central, fundamentalmente con el sector de hostelería como percha. Madrid es la segunda comunidad autónoma en beneficiarse de la asistencia del Gobierno central con 5.942, 8 millones de euros para fondo social extraordinario, gasto en ERTE y cese actividad de autónomos. Las líneas ICO en nuestra región ascienden a 17.770, 8 millones de euros, que avalan a 80.611 empresas. El total de personas cubiertas con fondos estatales en nuestra comunidad, sumando ERTE e IMV, ha sido de 678.134.

Aunque no trascienda mucho, es innegable que en este asunto las izquierdas de la Asamblea de Madrid están trabajando. Tal como relataba recientemente el diputado socialista, Carlos Carnero, el Grupo Socialista presentó una Proposición No de Ley a la Asamblea de Madrid, que fue respaldada por el pleno y que instaba al Gobierno autonómico a: aprobar ayudas directas al tejido productivo de la Comunidad de Madrid; priorizar en tales ayudas a las pymes, los autónomos y los trabajadores afectados por un ERTE; tener especialmente en cuenta en esas ayudas directas las actividades económicas correspondientes a comercio, hostelería, turismo y cultura; realizar convenios de colaboración con los ayuntamientos con el objeto de facilitar el acceso a las ayudas; establecer un monto para las ayudas directas de 1.250 millones de euros en un primer tramo, ampliable a otros sucesivos hasta el 1 % del PIB actualizado de la Comunidad de Madrid a la luz de la evolución de la situación económica.

Por su parte, Más Madrid se encontraba con el muro de las tres derechas al intentar que se aprobara una Proposición No de Ley (PNL) que pretendía que en una primera fase se cuente con un presupuesto de 500 millones de euros, de los cuales al menos 150 estarían destinados a ayudas directas, y sujetos a ampliaciones en función de la duración de las restricciones. Las ayudas consistían en transferencias de un mínimo de entre 2.000 euros y 200 euros por trabajador a jornada completa y un máximo del 75% de la facturación perdida respecto al mismo mes de 2019. Y algo muy importante, las ayudas estaban condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo y los negocios que la soliciten tendrían que estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social, así como presentar documentación detallada relativa a las condiciones de sus trabajadores contratados y estar sujetas a inspección para su cumplimiento.

Podemos tradujo los números y denunció que con los impuestos perdonados por el Partido Popular a millonarios, casi 6.000 millones de euros, podrían repartirse hasta 188.000 euros a cada negocio de hostelería con ayudas directas.Los casi 6.000 millones de euros sería el total que el Partido Popular ha dejado de recaudar para las arcas madrileñas desde que Esperanza Aguirre introdujera la bonificación del Impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas. Y esta cifra sería solo el acumulado desde 2011 hasta 2018. Y agregaban que con ese dinero se podría haber financiado el 72% del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid en el año de la pandemia, la totalidad del educativo, y se podría haber repartido en ayudas directas al sector de la hostelería.

Según termino de redactar estas líneas salta la noticia de que el presidente del Gobierno anuncia 11.000 millones de euros extra para los sectores más azotados por la crisis, concretamente para hostelería y comercio. Habrá que leer la letra pequeña de este anuncio e insistir a Díaz Ayuso para que abandone la demagogia, sea transparente con el dinero que España aporta a la Comunidad y deje de pedir para empezar a dar.

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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