'Ferrovial se va', por Joaquín Galván

El pasado 28 de febrero, el gigante de las infraestructuras Ferrovial anunció el traslado de su sede social de España a Países Bajos. Acto seguido, hemos asistido a un furibundo ataque del Gobierno de España contra la Compañía y la persona de su presidente por haber tomado esta decisión, con la intención de revertirla o, como mínimo, descalificarla. Una reacción fuera de lugar para un Gobierno de la Unión Europea.
Efectivamente, en la Junta General de Accionistas de Ferrovial, que se celebrará el 13 de abril, se tiene que ratificar el proceso que culminaría con el traslado a Holanda; previsiblemente durante el tercer trimestre de este año. Se trataría de que la filial neerlandesa absorbiera a la matriz, quedando la sede social en los Países Bajos.
Los motivos que están detrás de esta decisión son variados. Ferrovial aduce de entrada su condición de grupo internacional, con un 82% de sus ingresos provenientes del extranjero.
También, el traslado de la sede social a Países Bajos permite cotizar en la bolsa de Ámsterdam. Teniendo en cuenta que el mercado de Ámsterdam (además de las bolsas de París, Bruselas, Lisboa y Oporto) está integrado en Euronext, y que Euronext está fusionado con la Bolsa de Nueva York (NYSE), cotizar en Ámsterdam abre la puerta a hacerlo en el mercado de los EE.UU. La Compañía considera que el país al que se traslada es “una plataforma óptima para cotizar en los Estados Unidos”.
Bien es verdad que la cotización en la Bolsa de Nueva York se puede hacer mediante ADRs (American Depositary Receipts), que son títulos que representan un depósito de acciones de una empresa no estadounidense en una entidad financiera americana, y que se corresponderían para su conversión con un paquete de un número determinado de acciones de la empresa no estadounidense; no obstante, los ADRs no permiten formar parte de la mayoría de los índices. Teniendo en cuenta que una gran parte de la inversión internacional se hace con arreglo a un índice, si, por ejemplo, Ferrovial perteneciera al índice S&P 500, las carteras “indiciadas” a este último adquirirían necesariamente acciones de esta Sociedad.
Por otro lado, la Compañía considera que tener radicada la casa matriz en los Países Bajos permite una “mejora en las condiciones de financiación” gracias a “una prima de riesgo del país más estable en comparación con otros países europeos”.
En cuanto a la vertiente fiscal, Ferrovial seguiría pagando en España por los beneficios obtenidos en nuestro país como hasta ahora. La principal diferencia está en la tributación de los dividendos obtenidos fuera del país donde se encuentra la matriz, que en Holanda se bonifican en un 100%, mientras que en España se queda en el 95%.
Además, la Compañía ha aducido motivos de seguridad jurídica. Los Países Bajos tienen una mayor calidad en cuanto a su forma de legislar y aplicar la misma, un marco jurídico más adecuado y más facilidad a la hora de realizar los trámites administrativos. Efectivamente, en España, el proceso de revisiones legales continuas -especialmente para introducir nuevas cargas tributarias sobre las empresas- y de cambio permanente de reglas en general, sume en la incertidumbre a las empresas, al tener que tomar unas decisiones que se tornan imprecisas dentro de un ambiente de cambio continuo de las reglas del juego.
La reacción del Gobierno ha sido de lo más contundente y extravagante, con una serie de declaraciones bastante cuestionables: Nadia Calviño, vicepresidenta de asuntos económicos, declaró “No creo que sea aceptable, por eso he expresado mi rechazo. España le ha dado todo a Ferrovial. Es una decisión que va contra el interés y la imagen de nuestro país”, además de, "se trata de una empresa que debe todo a España. No resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país". A la vez, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz tachaba a Ferrovial de falta de compromiso con España, y afirmaba que “tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista”. Y, sobre todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" concluía tajantemente que "Hay empresarios comprometidos con España. No es el caso del señor Del Pino".
La vicepresidenta de asuntos económicos recalca el crecimiento de Ferrovial gracias a la inversión pública de los ciudadanos; sin mencionar que ha sido una relación onerosa: no ha sido gratuita, ya que, a cambio del dinero, Ferrovial ha construido infraestructuras para el Estado. Se entiende que a un precio ajustado, puesto que el contrato con la Administración se obtiene a través de un concurso público en virtud de la ley de contratos del Estado. No quiero pensar, ni creo que quisiera decir la ministra, que le debe todo a España porque hubiera algún tipo de trato especial con la Compañía.
La vicepresidenta segunda habla de dumping fiscal. El dumping es una práctica mediante la cual alguien vende a pérdidas con la finalidad de ampliar su cuota de mercado. El dumping fiscal, por tanto, no existe ni a nivel económico ni jurídico. Se podría suponer que algún estado, en vez de cobrar impuestos, los paga (no estaría mal). No obstante, es un vocablo aparente que queda bien con su electorado; sin embargo, pretende hacer referencia a que Holanda compite sin jugar limpio. Hay que tener en cuenta que en España también tenemos la figura de las “entidades de tenencia de valores extranjeros”, con un régimen fiscal de exención completa de las rentas (dividendos o plusvalías) que procedan de la transmisión de participaciones en entidades extranjeras.
Tampoco es cierta la afirmación de que los Países Bajos son un paraíso fiscal, hecha por la ministra de derechos sociales y agenda 2030 Ione Belarra, al no estar está incluida en el listado de paraísos fiscales (Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, «BOE» núm. 35, de 10/02/2023); simplemente, Holanda tiene un sistema más amigable con las empresas.
El ataque de Pedro Sánchez, centrado ya en la persona del presidente de Ferrovial, al que achaca su falta de compromiso con España (equivalente a tacharlo de antipatriota), resulta inconcebible; tanto por la gravedad que tiene la fuerza coactiva del acto sobre una persona que está ejerciendo un derecho completamente reconocido, como por que lo hace el próximo presidente de la Unión Europea.
No es buena noticia que una empresa española traslade su sede a otro país, y es una opinión que creo comparte la mayoría de la gente; y la responsabilidad de un gobierno es crear el marco adecuado para que no haya fuga de empresas. Pero la libertad de establecimiento es algo sagrado dentro de la Unión Europea: la libertad de establecimiento, recogida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) -artículos 49 a 55-, garantiza la movilidad de empresas en la Unión. En este sentido, la libertad de establecimiento goza de especial protección dentro del ámbito de la Unión, por lo que resulta intocable para el Gobierno.
La decisión de trasladar la sede de Ferrovial corresponde a su Junta de Accionistas; es perfectamente legal, y será acertada si favorece el crecimiento de la empresa y mejora su cuenta de resultados. La injerencia del Gobierno en lo que debe ser una decisión empresarial de forma coercitiva no hace sino corroborar lo acertado de la decisión. En este sentido, esta actitud es un suma y sigue de la carga contra los empresarios protagonizada por el Gobierno, que ya está dando resultados en su aviso para navegantes, al hacer que algunas empresas importantes se hayan visto forzadas a manifestar que no se marchan.
En un régimen de libertad de empresa como es el de España, los accionistas son los propietarios de las sociedades, como tales, tienen que tomar las decisiones que conciernen a las mismas; el Estado no es el dueño de las empresas, y cocear a empresas y empresarios como si de un régimen bolivariano se tratase no tiene cabida en el ámbito de la Unión Europea.