Las nuevas trabas jurídicas no frenan el derribo de las Cocheras de Cuatro Caminos

En las inmediaciones de la confluencia entre las calles de Pablo Iglesias, Reina Victoria y Bravo Murillo destaca estos días la presencia de operarios cubiertos con buzos. Trabajan en el desmontaje de las placas de uralita que han techado durante décadas las históricas Cocheras de Cuatro Caminos. El proyecto para su derribo se encauzó en 2019 tras años paralizado y ahora ha vuelto a quedar en stand by por la aparición de nuevas trabas judiciales y hallazgos que pueden ralentizar -aún más- la entrega de las viviendas que se construirán en el solar a las 443 familias que las adquirieron como cooperativa hace siete años. No obstante, la Justicia no ha detenido la demolición de la primera fase y los resultados ya son visibles.

El Tribunal Superior de Justicia anuló el pasado 22 de abril el cambio puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) efectuado para acomodar normativamente el proyecto y aprobado en 2014. Así, la transformación de la zona ha quedado sin cobertura legal. Las dos sentencias recogen que el planeamiento urbanístico carece de un "correcto" estudio de impacto ambiental y advierte de su falta de viabilidad y sostenibilidad económica. Sobre este último punto, los magistrados señalan que "la presente modificación no contiene la evaluación del coste de mantenimiento que esas infraestructuras van a irrogar a las arcas municipales".

El área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado que recurrirá en casación sendos fallos judiciales, que se producen tras la estimación de los recursos presentados por la Asociación Corazón Verde Chamberí y la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP). La vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado Mariano Fuentes se reunieron la semana pasada con las familias para trasladarles su compromiso por "quitar el nubarrón jurídico". El concejal ha precisó entonces que la sentencia solo "cuestiona aspectos fomales". "El fondo está salvado, pero nos vamos a volcar en solucionarlo", declaró.

Sin embargo, desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio consideran que el Consistorio "hace una lectura interesada del fallo". Un portavoz remite al fundamento jurídico número 17 para justificar que la modificación del planeamiento es "nula de pleno derecho, completa, insubsanable". En dicho párrafo de la sentencia se recoge que "al haberse incurrido en cualquier defecto formal en la tramitación la sanción de tal deficiencia en su nulidad radical".

La demolición de las cocheras no se interrumpe

No obstante, esta situacion judicial no impide que el Grupo Ibosa, el promotor, pueda acometer la primera fase de demolición de las cocheras. Esta contempla el desmontaje de todas las cubiertas y elementos existentes dentro de todo el ámbito que contengan amianto y la demolición de las edificaciones y urbanizaciones situadas en los dos tercios al sur del ámbito. También incluye la protección del arbolado y obras de protección y apeo de los elementos protegidos. Estos trabajos comenzaron la segunda quincena de marzo.

El resto de actuaciones continúan suspendidas por vía judicial después de que el TSJM anulara en junio de 2020 la sentencia que concluía que las Cocheras de Cuatro Caminos no debían declararse Bien de Interés Cultural. MCyP forzó esto con su recurso al fallo y ahora resta esperar a que se dicte uno nuevo. Hasta que no haya un pronunciamiento al respecto, el resto de la licencia sigue interrumpida para evitar destruir algún resto que pueda tener catalogación BIC.

Desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio manifiestan sus dudas de que no se esté interviniendo en partes susceptibles de ser protegidas, como la norte, pero fuentes de Desarrollo Urbano lo desmienten. "Los técnicos han hecho visita de inspección y en ningún caso se están haciendo trabajos correspondientes a la fase 2", sostienen. En este ala norte solo se está retirando el techado de uralita, lo cual está autorizado.

Supuesta venta de suelo municipal sin permiso del Ayuntamiento

Mientras la constructora avanza por el único frente que puede abordar, las trabas al proyecto se acumulan. Madrid Ciudadanía y Patrimonio ha descubierto un supuesto "fraude" en la venta de la finca por parte de Metro a los cooperativistas. Según denuncian, el suburbano enajenó suelo municipal "sin conocimiento del Ayuntamiento de Madrid". La asociación ha recuperado documentos que pondrían en duda que la propietaria de este terreno fuera la compañía de transportes.

Un portavoz explica a Madridiario que el Registro de la Propiedad ha confirmado que una parcela de 416 metros cuadrados incluida en el ámbito pertenece al Consistorio. "Al ser suelo demanial, no caduca", aclara. Al parecer, la Alcaldía se hizo con este solar por expropiación forzosa en 1940. El dueño original solicitó la reversión y, aunque no se concluyó, los técnicos municipales deslindaron la parcela. Varias décadas después, Metro habría vendido todo el recinto cercado a la cooperativa Metropolitan, incluida la citada parcela.

MCyP hace dos lecturas de los hechos. Por un lado, "que Metro haya incurrido en fraude y la venta no sea legítima". Por otro, "que esta venta no se declare fraudulenta, pero que el Ayuntamiento perciba la cuantía correspondiente por su edificabilidad". En este caso, el Consistorio podría embolsarse más de un millón de euros, considerando el valor del suelo en este distrito.

La asociación ha remitido esta documentación a las áreas de Hacienda y Desarrollo Urbano. Esta segunda concejalía corrobora que ha recibido la información, que será estudiada por los técnicos. Metro no tiene conocimiento sobre este asunto y ha preferido no hacer declaraciones. Si se comprueba la veracidad de lo expuesto, la ley obliga al Gobierno local a reclamar el suelo.

Madrid Ciudadanía y Patrimonio no cesa en su empeño por "salvar la parte histórica" de las cocheras centenarias. El portavoz afea al Ayuntamiento que "se haya tomado como algo personal la defensa de intereses privados frente a los generales" y anima el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida a "sentarse y consensuar una solución" que posibilite la integración del patrimonio histórico. "La licencia se soporta sobre el plan parcial anulado, así que puede revocarse", sentencia.