El Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Consejería de Transportes e Infraestructuras vuelven a discrepar a propósito del desalojo de 16 nuevas familias del inmueble de la calle Rafael Alberti 7, por daños en sus viviendas provocados por las obras de la Línea 7B de Metro.
Vecinos afectados y el alcalde de la ciudad, Javier Corpa, han asegurado en rueda de prensa que aún no saben "dónde van a ir a vivir". El regidor ha admitido que existen "discrepancias" con la Comunidad de Madrid a este respecto. Mientras la Comunidad de Madrid ha comunicado el desalojo de los vecinos de los números 3 y 4, el Ayuntamiento plantea el desalojo de toda la finca, es decir, cuatro portales y 32 familias.
"No se garantiza en los informes que el resto del edificio sea seguro. La única entrada a la finca es una de las zonas más afectadas, por lo que entendemos que el desalojo debe ser total", ha expuesto el regidor. Por este motivo, el Ayuntamiento ha procedido a notificar esta tarde, las órdenes de desalojo a los residentes en el inmueble, que tendrán un plazo de 72 horas para abandonar sus casas.
El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha acusado al alcalde de "mentir", "malmeter" a los vecinos y no colaborar con el Gobierno autonómico, además de no haber atendido la primera llamada, en la que se le comunicaba el desalojo de esas otras 16 familias de la localidad por el riesgo en sus viviendas.
Corpa ha respondido que podía enseñar "las numerosas llamadas" que ha hecho a la Consejería durante toda la mañana y ha instado al consejero a que mostrara las llamadas que "supuestamente" le ha realizado tildando de "vergonzosa" la actitud del consejero.
Por su parte, Pérez le ha pedido que se dedique "a trabajar realmente por los vecinos" en vez de "esta permanente utilización política. Al mismo tiempo, ha asegurado que el Ejecutivo no ha "dejado" de trabajar para dar una solución, además de anunciar que "ningún" vecino se quedará "en la calle" a partir del 20 de septiembre, cuando, según él, se acaba el plazo legal para ofrecer las ayudas y cubrir los gastos de las familias que se vieron obligadas a dejar sus viviendas.
Corpa, a ojos de Pérez, debería modificar el papel que tiene un alcalde, además de trabajar con "diligencia" y "lealtad institucional". No es "atacar a la Comunidad", y abandonar "la pancarta, el insulto y la mentira". "Que se ponga a trabajar", ha reprochado.
El consejero ha recalcado que "realmente las familias afectadas" son las que han tenido que abandonar sus casas, "el dato son 46, no 200 como dice el PSOE". Las 16 que dejaron atrás sus viviendas se suman a esa cifra, llegando a 62 unidades familiares que, a día de hoy, han desalojado sus inmuebles. "También le parecerá mal al alcalde", quien, a sus ojos, debe "actuar con rigor" y tomar decisiones.
Sobre las ayudas para cubrir los gastos de esas personas, la Comunidad "no puede" pagar el alojamiento y otros desembolsos a partir del día 20 de septiembre, porque "legalmente" no hay manera. Sobre el retraso en el pago, Pérez ha señalado a las familias que no entregaron la documentación requerida, que desde marzo se le había solicitado.
Ante esto, David Pérez ha anunciado que tienen una "fórmula" para poder "adelantarles" las cantidades necesarias para los gastos de alojamiento. La cifra a desembolsar se basa en datos ministeriales, pues establece la base que marca el precio de la vivienda en cada municipio, a la que se remite la Comunidad para que se "cumpla la ley".
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