Las menores tuteladas por la Comunidad han buscado ayuda fuera de los centros para solucionar las solicitudes de aborto que esperan mientras pasan los meses. Algunas jóvenes han tenido que acudir a los juzgados, a la Fiscalía de Menores o el Defensor del Menor para hacer valer su derecho a abortar. El PSOE y ACAI han criticado que no se respete su voluntad. Los socialistas también han pedido el cese de la directora general del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), Paloma Martín.
El IMMF tramita las solicitudes de las menores y se producen casos como el de una joven de 16 años que lleva cuatro meses sin obtener autorización de la Comunidad, aunque tiene los informes psiquiátricos, según informa El País este viernes. Otra menor llegó a irse de un centro sin decir nada para abortar. Otra ha pedido amparo a los jueces, lo que empujó a la IMMF a autorizarle el aborto. Según dicen en la Consejería de Asuntos Sociales, los retrasos para conseguir las autorizaciones se deben a que "a veces las niñas no acuden a los reconocimientos médicos y psiquiátricos preceptivos o cambian de opinión".
Fuentes de los centros de menores señalan que desde que la diputada del Partido Popular en la Asamblea, Paloma Martín, llegó a la gerencia del IMMF, en julio de 2007, resulta especialmente difícil conseguir autorizaciones. Ella promovió el cambio en la composición de la comisión de tutela. "Antes estaba formada íntegramente por técnicos especializados en menores que llevaban desde 1995 y ahora se han incorporado cargos de confianza con carácter más político", explica Carmen García Rojas, diputada del PSOE en la Asamblea.
Los socialistas han registrado una iniciativa en el Parlamento regional para que el Gobierno de Aguirre explique los obstáculos que pone IMMF a la voluntad de las menores embarazadas a interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de los límites marcados por la ley. Además, exigen el cese inmediato de la directora gerente del IMMF, Paloma Martín, por “anteponer los criterios ideológicos a los legales en su gestión”, denuncia la diputada socialista. “Las tutelas no deben regirse por principios morales ni ideológicos sino exclusivamente legales. La directora gerente ha decidido subordinar el derecho legal de las jóvenes bajo su tutela a unos principios ideológicos que no tienen por qué compartir, por lo que exigimos su cese inmediato”, concluye García Rojas.
La Asociación de Clínicas Acreditadas (ACAI) también se ha pronunciado sobre estos hechos. ACAI ha pedido a las autoridades madrileñas que respeten la voluntad de las menores. Según la Asociación, esta situación demuestra la necesidad de reformar la ley del aborto "para permitir, entre otras cosas, que las menores puedan decidir sin tutelas sobre su maternidad". De esta manera, ACAI ha exigido que "la Consejería de la Comunidad de Madrid no hipoteque el futuro de unas menores, que han manifestado claramente su opinión, por fidelidad a una ideología y a unos valores claramente conservadores".
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