La Comunidad agiliza la Comisión de Tutela del Menor

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves una norma por el que se modifica el decreto 198/1998, de 26 de noviembre, que regula la composición y el funcionamiento de este órgano colegiado, integrado en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, que ejerce las funciones que a la Comunidad de Madrid le corresponden en materia de
protección y tutela de menores.

La modificación del actual decreto garantiza la eficacia de la actuación administrativa en las decisiones adoptadas, así como su calidad técnica. Así, se reducirá el número de miembros que constituyen la Comisión de Tutela para hacerla más operativa al constar de un presidente, que será el gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, un vicepresidente, cargo que le corresponderá al subdirector general de Recursos y Programas del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, cinco vocales que cubrirán todas las áreas de protección de la infancia y la adolescencia y se incorporará como novedad la figura del letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, con voz pero sin voto, para incrementar la seguridad jurídica de los menores.

Además, para garantizar el máximo rigor en las decisiones adoptadas, la Comisión de Tutela cuenta con la posibilidad de invitar a dos expertos para que aporten su experiencia en la materia, dependiendo de cada caso.

El nuevo decreto cumple la recomendación del Defensor del Menor, tanto en la memoria del año 2006 como en la presentación de su informe anual en la Asamblea de Madrid, el 15 de noviembre de 2007, sobre la separación de los órganos de instrucción y de decisión de la Comisión de Tutela del Menor.

La Comisión de Tutela del Menor, creada por el decreto 49/1988 de 5 de mayo, e integrada en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, ejerce las funciones que a la Comunidad de Madrid le corresponden en materia de protección de menores. También determina la adopción de la medida jurídica pertinente de protección (guarda o tutela) en el momento en que se tenga conocimiento de que un menor pueda encontrarse en situación de desamparo. Este órgano también se pronuncia sobre la idoneidad de las familias adoptantes y acogedoras.