La denuncia presentada por el Sindicato de Enfermería (Satse) sobre el funcionamiento del transporte destinado a las enfermeras de atención primaria ha reabierto un conflicto que se viene arrastrando desde hace más de dos años y que, según alertan las profesionales, ha puesto en riesgo la calidad asistencial de miles de pacientes inmovilizados. El grupo sindical mayoritario en la profesión ha insistido en que el servicio contratado por la Comunidad de Madrid ha funcionado “muy deficitariamente” y ha generado un escenario en el que multitud de enfermeras se han visto obligadas a cancelar sus citas, posponer sus consultas o utilizar su vehículo particular, pese a que su uso no forma parte de las obligaciones laborales.
La situación se ha agravado porque la empresa adjudicataria encargada del traslado de las trabajadoras sanitarias (Auro), ha acumulado cancelaciones, retrasos y ausencias. El sindicato ha denunciado que la compañía ha anulado trayectos con pocos minutos de antelación, se ha desentendido de las profesionales tras atender a pacientes y ha ignorado peticiones para priorizar desplazamientos que considera más rentables. El deterioro del servicio ha producido un efecto dominó que ha afectado a la continuidad asistencial de los pacientes más vulnerables, así como a un aumento de espera en las consultas.
Tania Casasola, enfermera con 20 años de experiencia en atención primaria, ha explicado que los traslados de las enfermeras ha estado históricamente marcado por la precariedad. Según relata la profesional, las enfermeras siempre han utilizado sus vehículos para acudir a los domicilios de los pacientes que no tienen la posibilidad de desplazarse al centro de salud. Un sistema que ha funcionado durante décadas porque las propias profesionales han asumido este desplazamiento como una condición asumida en su práctica diaria.
Sin embargo, tras la pandemia, las enfermeras exigieron que esta dinámica cambiara. “No tenemos por qué usar nuestros vehículos propios para hacer algo que mi empresa me pide y está dentro de mis funciones de mi trabajo. Me tendrán que poner los medios, no tengo por qué poner mi vehículo propio”, ha manifestado la enfermera.
En 2022, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) contrató un sistema de transporte específico. Y a día de hoy, la actual adjudicataria ha sido sucesivamente prorrogada pese a que el contrato ha acumulado “incumplimientos reiterados”, según la versión sindical. “La empresa concesionada incumple reiteradamente el contrato porque no quiere estar, no le sale rentable”, ha asegurado Casasola. “Cuando tú estás obligando a alguien que no quiere estar pues es que sistemáticamente va a estar incumpliendo”, ha insistido la portavoz del Satse.
Muncipios con 30 kilómetros entre domicilios
Además, Casasola ha detallado que las zonas periféricas y las comarcas rurales de la Comunidad de Madrid han sufrido con especial intensidad esta falta de transporte. La Cabrera, El Molar, Arroyomolinos o Valdemoro son algunos de los municipios más afectados; donde debido a las largas distancias y a la ausencia de transporte público se han agravado las consecuencias. La enfermera ha recordado situaciones especialmente críticas en localidades muy dispersas y con un alto ratio de trabajo del centro de salud de la zona, que puede llegar a superar los 30 kilómetros.
Respecto al sistema de reservas, realizado a través de una aplicación, la profesional ha detallado que ha fallado de forma sistemática. Las enfermeras han solicitado un trayecto para realizar extracciones, curas o pruebas a primera hora y se han encontrado con que este ha sido cancelado minutos antes. “Literalmente, nos deja tiradas”, ha resumido.
El incumplimiento sistemático ha tenido consecuencias directas sobre la atención, especialmente en los domicilios donde las enfermeras deben acudir varias veces por semana para realizar curas o extracciones. Desde el sindicato han relatado que muchas de estas pruebas han quedado invalidadas porque no han llegado al centro de salud a tiempo para ser enviadas al hospital. “La extracción sanguínea no sirve ya que no puede ser trasladada al hospital para su análisis”, han detallado en un comunicado.
“La extracción sanguínea no sirve ya que no puede ser trasladada al hospital para su análisis”
Por otro lado, el uso del vehículo particular ha expuesto a las enfermeras a sanciones de tráfico, riesgos en zonas mal comunicadas y pérdidas económicas recurrentes. Adeás, el pago por kilometraje ha sido calificado desde el sindicato como “insuficiente”. Se trata de una inmediación semestral que según Casasola asciende hasta los 100 euros aunque ella “nunca ha cobrado más de 60”.
El sindicato ha advertido de que la solución no parece próxima porque en la última licitación para prestar este servicio no se ha presentado ninguna nueva empresa. Mientras tanto, Satse ha reclamado medidas urgentes que sobre todo sean funcionales y permitan atender a los pacientes a tiempo. “Estamos pidiendo que se nos dé el servicio para poder ir a ver a nuestros pacientes a tiempo y que no se deteriore la asistencia”, ha explicado.
Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha trasladado a Madridiario que “está trabajando nuevamente para que el concurso pueda ser de nuevo adjudicado (al quedar desierto) a la mayor brevedad posible”. Mientras este proceso administrativo, fuentes de la consejería han subrayado que el servicio “no se va a ver resentido” porque se mantienen fórmulas alternativas “para que este servicio no se interrumpa como es el pago por kilometraje, indemnización por transporte, complemento fijo por desplazamiento además de contar con vehículos específicos”. Según han explicado fuentes autonómicas, estas medidas compensan la ausencia temporal de un adjudicatario formal y permiten que la atención domiciliaria pueda continuar sin interrupciones.
La región ha añadido que el anterior pliego contemplaba una duración de cinco años, mientras que el último (que quedó desierto) reducía la vigencia a tres años e incrementaba el coste anual.
Si (
No(
A favor (
En contra (
