Emilio Díaz (FERE): “El decreto que limita el uso de pantallas en las aulas supone una intromisión ilegal”

El mundo educativo afronta importantes cambios en diversos ámbitos. Los centros de Primaria van a poder impartir, a partir de ahora, 1º y 2º de la ESO; un decreto prohíbe (en Infantil), o limita (en Primaria) de manera drástica el uso individual de pantallas; y muchos centros aseguran que no podrán hacer frente a la tasa de basuras de Madrid. En este contexto, entrevistamos a Emilio Díaz, secretario regional de la Federación de Escuelas Católicas de Madrid (FERE), para conocer más a fondo su visión sobre estos y otros asuntos.

Ustedes han manifestado su disconformidad con el decreto que regula el uso de pantallas en las aulas. ¿Por qué creen que es negativo?

La Comunidad de Madrid promueve el decreto, a nuestro juicio, de una manera precipitada y sin matices. Creo que es bueno que haya regulación en el uso de pantallas y de dispositivos. Quizá a lo largo de los últimos 10 o 15 años que llevamos de implementación se hayan podido producir ciertos excesos o errores. Siempre que hay innovación puede haber errores. Pero prohibirlo de una forma radical, impedir que los docentes y los alumnos se apoyen en el uso de dispositivos para mejorar su capacidad de absorber información, de educarse y de crecer nos ha parecido excesivo. No ha habido diálogo previo. El texto que conocemos, y que recientemente ha pasado por el Consejo Escolar, es muy crudo, muy rudimentario. Prohíbe, no propone, es prescriptivo. La situación de los centros ahora en la implementación de las pantallas es adecuada. Seguro que admite mejoras, llevan ya implantados mucho tiempo en unos centros que han empleado muchos recursos, tanto materiales como humanos, esfuerzo, imaginación y creatividad. Además, consideramos que esta norma supone una intromisión ilegal en la capacidad de dirección de los centros, y esto nos duele especialmente. El Consejo Escolar ha propuesto una serie de correcciones que pueden mejorar el decreto.

¿Qué tipo de correcciones?

El decreto se basa en cuestiones de salud, pero excluye al alumnado de los centros privados. No deja de ser una discriminación o un agravio, incluso, de un colectivo muy importante, ya que alrededor del 15 por ciento de los alumnos de la Comunidad Madrid quedarían excluidos de estas medidas que, presuntamente, pretenden salvaguardar la salud de los menores. Si es por salud, nos afecta a todos. Si es por otras razones, quizá afecte a unos y a otros no.

Otra recomendación pide que se evite prohibir y se hable más de recomendar. También se ha solicitado que se amplíe el tiempo de adaptación de los centros. Otra de las recomendaciones deja muy claro que la Administración no puede entrar en materias reservadas al derecho de elección de los titulares de los centros y a la capacidad de autonomía de organización de los propios centros.

Unos días después de conocer el decreto, el Gobierno hizo público el Proyecto de Ley de Entornos Digitales que no solo refuerza la norma de la Comunidad de Madrid, sino que la amplía a centros privados, a la ESO y al Bachillerato. Teniendo en cuenta este panorama normativo, ¿cree usted que estas limitaciones vienen para quedarse?

Hay mucho ruido social. No estamos en contra de que haya una normativa o una referencia que oriente a los centros, que ponga un poco en orden y evite esta reacción tan cruda que se está produciendo desde la sociedad y que está generando tanto ruido. Con diálogo, con mesura, con equilibrio y con propuestas, no con prohibiciones. Si la ley estatal finalmente adquiere ese formato y nos propone, nos da referencias y nos ayuda a ordenarnos y a equilibrarnos, será bienvenida.

Hasta ahora, el proyecto de decreto de la Comunidad de Madrid iba, como decía al principio, en una línea mucho más tajante, más frontal y quizá no tan razonable o equilibrada. Si entre todos logramos encontrar esos equilibrios, ganaremos todos.

Y, desde luego, creo que los centros saben bien lo que hacen. Han experimentado mucho y han logrado equilibrios. Ahora mismo, en general, los dispositivos digitales se utilizan en los centros con arreglo a un plan digital que ha sido muy trabajado.

Primero y segundo de la ESO se van a poder incorporar a los centros de Primaria. ¿Qué impacto va a tener esto en los centros que aglutina FERE?

Somos 340 colegios, 214.000 alumnos en toda la Comunidad de Madrid. Lo que llama la atención es la figura, porque es alegal, por no decir ilegal. El Real Decreto que establece los requisitos mínimos de los centros de Primaria y Secundaria obliga a que los centros que imparten Secundaria lo hagan en su totalidad. Esto significa que impartir primero y segundo, por un lado; y tercero y cuarto, por otro es ilegal. Estamos ante una situación de incumplimiento de la norma y así se lo hemos hecho saber a la Administración y lo hemos expresado también en el Consejo Escolar.

¿Cómo afecta a la concertada? Nosotros somos muy respetuosos con la oferta de la escuela pública. Siempre apoyamos y votamos a favor de la creación de centros públicos porque nos parece bien que haya más oferta educativa. Ahora bien, es cierto que ofrecer primero y segundo de la ESO, de una manera aislada del conjunto de la Secundaria, nos genera un cierto desorden y muchos alumnos que escogían la Secundaria de un centro concertado, habiendo sus hijos cursado toda la Primaria en un centro público, ahora van a tener muy fácil quedarse en sus centros de origen y, por tanto, dejarán de venir a los nuestros.

Lo que menos nos está gustando es que la Administración no está siendo clara a la hora de informar, porque no sabemos si estamos ante una Secundaria partida en dos o si va a ser una Secundaria completa. Yo agradecería que la Administración fuera clara en esto.

Una sentencia reciente avala que cada centro oferte las plazas vacantes de las que dispone en el momento en el que se hace pública esa oferta de plazas en pleno curso. ¿Esto supone una mejora para los centros?

Esto es muy bueno y, además, muy justo. Si yo tengo autorizadas administrativamente, reconocidas por la ley y, además, concertadas 50 plazas, por mucho que la Administración tenga previsto que esas 50 el curso que viene se queden en 25, de cara al curso que viene tengo derecho a ofrecer a la sociedad mis 50 plazas. No me pueden decir que oferte solo 25 porque prevén que esas serán las plazas solicitadas el curso siguiente. Eso no es justo.

Es decir, si tengo 25 autorizadas y concertadas, ofreceré las 50. Si, al final, solamente lleno un aula, a lo mejor estaré en otra situación y la Administración tendrá un argumento para reducirme el concierto en el aula que se queda vacía. Esto también es controvertido, pero esa es otra historia.

Han afirmado ustedes que la tasa de basuras en Madrid es inasumible para los centros educativos, ya que tiene en cuenta los metros cuadrados de superficie de los mismos, que suelen ser muy grandes pero generar poco residuo en comparación con otras superficies similares. Han solicitado que se evalúe solo la capacidad de generar residuos de cada centro. ¿Cree que prosperará esta propuesta?

Por ahora, no. La ordenanza lo que determina es que el importe de la tasa se va a calcular en función del número de metros cuadrados del recinto escolar. Ese recinto solo genera residuos en la zona de cocinas o en la zona de comedor, ni el campo de deporte, ni la cancha de baloncesto, ni las propias aulas generan residuos. En cambio, el número de metros de un colegio tipo es muy elevado En Madrid, en muchos casos tienen un tope de 20.000 euros al año al ser considerados recintos con calificación cultural, pero en Pozuelo, por ejemplo, este tope no existe. Además, la situación económica de la concertada es muy frágil y 20.000 euros para una institución escolar es un importe inasumible en muchos casos. Pensemos también en instituciones que tienen varios centros y con una población vulnerable, con situaciones económicas de enorme fragilidad... Por eso hemos recurrido ante los tribunales la ordenanza propuesta.

¿Qué momento atraviesan los conciertos educativos?