La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por Más Madrid en la que se acusa al Gobierno municipal de presunta prevaricación relacionada con las viviendas de uso turístico ilegales en la capital.
Europa Press ha tenido acceso a un escrito en el que el fiscal ha dado su visto bueno a la demanda presentada por el partido opositor en el Consistorio, iniciando así diligencias de investigación preprocesal.
La denuncia fue presentada a principios de abril por la portavoz del partido, Rita Maestre, con el objetivo de "acabar con la impunidad" de las viviendas turísticas ilegales que, según su opinión, han sido "permitidas durante cinco años" por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
Esta formación considera que hay "un delito de prevaricación" por parte del Consistorio y la Agencia de Actividades en relación con la formación. El artículo 320 del Código Penal, en particular, "habla explícitamente de que cuando los funcionarios, los cargos políticos o las administraciones conocen que se está cometiendo una ilegalidad tienen el deber de actuar".
La concejala de Más Madrid, Lucía Lois, ha subrayado que la Fiscalía les "da la razón" al aceptar su demanda sobre "la inacción de Almeida con los pisos turísticos ilegales en la ciudad, que ha mirado hacia otro lado e incumplido la normativa municipal".
La edil ha subrayado que las viviendas destinadas al uso turístico ha crecido "de manera exponencial" y ha indicado que "el propio Consistorio reconoce que hay 15.000 pisos turísticos ilegales en la ciudad".
"Tras las denuncias vecinales y la denuncia del Ministerio de Consumo conocemos incluso los emplazamientos concretos de cada uno de ellos. Ya no hay excusa. El daño a la ciudadanía es incalculable y ha provocado una situación insostenible que está expulsando de sus viviendas y de sus barrios a muchas vecinas y vecinos", ha reiterado.
Lois ha criticado "este problema", señalando que "impide el descanso y la vida normal de la gente, contribuye al alza imparable del precio de la vivienda y propicia una situación de agravo comparativo con los propietarios que cumplen con la normativa vigente".
"La inacción de Almeida no es simple pasividad. El alcalde se cree impune ante la ley, piensa que puede incumplirla y por eso le hemos llevado ante la Fiscalía. Con la apertura de la investigación esperamos que se demuestre que ha habido un consentimiento deliberado ante la ilegalidad", ha añadido la concejala subrayando que al aceptar la denuncia, la Fiscalía "ve un claro sesgo intencional en la omisión, que buscaría proteger los intereses económicos derivados de dicha actividad".
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