Hace tiempo que la discapacidad dejó de estar reñida con el ejercicio de cualquier profesión. Ahora, además, ha quedado demostrado que esta condición no es un obstáculo para desempeñar un trabajo en ámbitos que requieren una mayor profesionalización, como asesorar a personas procedentes de colectivos vulnerables en su relación telemática con la Administración Pública. Un buen ejemplo lo encontramos en las cuatro Oficinas de Información de Prestaciones del Ayuntamiento de Madrid, ubicadas en Usera, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal y Tetuán, que dan cobertura a los 21 distritos de la capital.
Integra CEE, el centro especial de empleo de Clece que promueve la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, gestiona este recurso municipal que ofrece asesoramiento a la ciudadanía en materia de ayudas de carácter social no municipal, principalmente en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En la oficina de Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal, trabaja como coordinadora Ana Belén Fernández-Avilés. Cada día, pasan por su oficina entre 80 y 100 personas con distintas necesidades. “El trámite más requerido, por lo general, es la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, la principal gestión por la que se inició este proyecto”, explica. Después, las necesidades se han diversificado y ahora “ha aumentado mucho todo lo que es la demanda de empleo, las pensiones no contributivas o cualquier otra gestión que ayude a salvar la brecha digital, tanto con la Administración de la Comunidad de Madrid como del Estado”, explica la coordinadora.
Entre las funciones de Ana Belén, está la de formar a equipos. Los prepara para atender al público y se adapta a las necesidades y particularidades de cada tramitador, puesto que como ella reconoce: “Este trabajo requiere unas aptitudes bastante elevadas para la atención y los trámites que realizamos”.
Quienes acuden a estas oficinas encuentran apoyo logístico para no perder sus derechos por las dificultades de gestión o de acceso a medios técnicos. Así, lo mismo les instruyen sobre la apertura y manejo de una cuenta de correo electrónico, como sobre la tramitación de la firma electrónica o la descarga y uso de aplicaciones oficiales, todo ello con el objetivo de reducir la desigualdad en el acceso tecnológico a estos recursos.
Javier Bermejo es abogado y asesor jurídico de las cuatro oficinas. Antes de esta experiencia laboral, pasó siete meses haciendo prácticas en un despacho de abogados. Después, por medio de Integra CEE aterrizó en este proyecto en el que lleva un año y se encuentra muy a gusto. Interviene “sobre todo en el apartado de procedimiento administrativo de las reclamaciones y alegaciones” y asesora en las diferentes prestaciones.
“Ayudamos a las personas usuarias a que aporten todos los documentos necesarios para que lo hagan correctamente y sus solicitudes no sean rechazadas”, expone Javier sobre situaciones comunes en estas oficinas. “Mucha gente que viene a informarse no reúne todos los requisitos, así que les decimos por qué y qué es lo que tienen que hacer para poder cumplirlos”, sostiene el asesor jurídico.
Un servicio cercano
Las personas que acuden a estas oficinas necesitan ser orientadas, no solo por la falta de conocimiento informático, sino porque desconocen la propia ley, las prestaciones a las que tienen derecho o cómo hacer una reclamación. Ahí es donde juega un papel primordial el personal de estos centros, profesionales procedentes de un colectivo vulnerable, el de la discapacidad, que ayudan a otros colectivos vulnerables, como son las personas en riesgo de exclusión social que se encuentran perdidas frente a la burocracia administrativa.
“La brecha digital existe incluso para personas preparadas administrativamente. El trámite más sencillo, la solicitud de la prestación por desempleo digital, es desde el comienzo un muro que, si uno no lo ha saltado varias veces y desconoce cómo saltarlo, impide que estas personas se relacionen digitalmente con la Administración. Aquí es donde la filosofía de este proyecto es muy beneficiosa para la ciudadanía en general y para la población vulnerable en particular”, comenta Ernesto Soler, informador de trámites en la oficina de Pueblo Nuevo.
Trabajo de calidad
La mayoría de la plantilla de estas oficinas tiene discapacidad. Con el apoyo y los ajustes necesarios, estas personas pueden realizar un trabajo de calidad y adecuado a sus competencias en distintos sectores de actividad, tanto de ámbito público como privado. En el caso de Ernesto, desde su incorporación al proyecto, se ha ido preparando individualmente “con formación de la empresa, de manera autodidacta, con cursos de la Seguridad Social y, fundamentalmente, con la experiencia y el trato”.
Con una formación en Ciencias como biólogo, Ernesto siempre había estado ligado a la industria farmacéutica. “Precisamente, por mi trabajo, que era de investigación, estoy muy acostumbrado a meterme en la red, a buscar, a averiguar”, asegura, al tiempo que destaca el trabajo en equipo de toda la plantilla, ya que, si hay algún procedimiento que uno de los compañeros no domina o desconoce, procuran ayudarse e ilustrarse entre ellos mismos.
Ana Belén, Javier y Ernesto son universitarios y los tres tienen discapacidad en diferentes grados. En su atención al público intentan desarrollar un trato empático. “Atendemos a colectivos vulnerables sabiendo que incluso nosotros lo somos. Por eso, nos sentamos al otro lado de la mesa entendiendo perfectamente sus inquietudes, y eso el ciudadano lo nota”, traslada Ernesto.
“Las personas usuarias no saben siquiera que tenemos discapacidad. Se sorprenden cuando se lo decimos”, señala Ana Belén. En ocasiones, las personas que recurren a este servicio también la tienen. “Entonces empatizamos con ellas. A lo mejor se encuentran muy desanimadas y, cuando les decimos que nosotros también tenemos discapacidad, se quitan el sombreo y dicen chapó”, subraya la coordinadora.
Más de 100.000 consultas desde 2022
El servicio de las Oficinas de Información de Prestaciones funciona desde el 1 de noviembre de 2022. “El balance de estos años es muy positivo. El número de personas atendidas se acerca a las 50.000 y el de atenciones, porque hay mucha gente que repite, supera las 100.000. En el mes de marzo se han llevado a cabo más de 5.000 gestiones entre las cuatro oficinas”, desgrana la coordinadora sobre un servicio cada vez más popular que cada año va incrementando el número de atenciones.
El servicio está resultando muy útil tanto para la ciudadanía como para sus profesionales. Antes Ana Belén tenía una ocupación distinta en la que pasaba tiempo de pie y se movía mucho, pero una discapacidad sobrevenida le afectó a las piernas y la obligó a ayudarse de un bastón y a reciclarse profesionalmente. “Empecé atendiendo prácticamente sentada, no me podía levantar. Hoy voy sin el bastón, voy corriendo”, bromea. Y es que trabajar en este centro ha sido su mejor rehabilitación. “Me ha reconvertido totalmente. Actualmente, podría reintegrarme en el mercado ordinario de trabajo, porque es de lo que se trata en esta empresa, por eso se llama Integra, porque busca integrar dentro del mercado laboral. Te reciclas y luego, si te sientes valiente, puedes salir al mercado laboral”, concluye Ana Belén
“Me siento muy valorada, me encuentro tan a gusto dentro de la empresa y el proyecto es tan bonito y diverso, que yo no me cambiaría, y creo que ninguno de mis compañeros lo haría, ni saldría de la empresa”, dice Ana Belén.
“Gracias a centros especiales de empleo como Integra CEE hay proyectos que funcionan, hay inclusión laboral y una oferta de trabajo para las personas con discapacidad que se reinsertan en el mercado”, zanja Ernesto, quien con Ana Belén y Javier representan tres ejemplos de los beneficios que la diversidad aporta a la sociedad frente a la discriminación y los prejuicios laborales que aún hoy acompañan a este colectivo de población considerada vulnerable.
Si (
No(
