El perenne toma y daca entre el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso y la comunidad universitaria madrileña vive este lunes un nuevo episodio. Con el foco sobre un asunto tan relevante como controvertido, la financiación, y bajo el lema 'Salvemos la Educación Pública', la plataforma 'Por la Pública', integrada por miembros de las seis universidades de titularidad pública con implantación en la región -Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos- llaman hoy a estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios a la huelga. En síntesis, la movilización aspira a protestar contra la "asfixia económica" que, a sus ojos, no resuelve la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), todavía en fase de elaboración.
"Toda la comunidad educativa compartimos una problemática común y es que la educación pública madrileña está siendo desmantelada. En ese contexto, lo que surge es movilizarse. Lo que reclamamos es sencillo: responsabilidad política y una financiación pública suficiente para ofrecer un servicio de calidad. Son cosas que realmente deberían estar garantizadas, pero, por ahora, no lo están. Llevamos ya años pagando las consecuencias y hemos llegado a un punto en el que se han superado todos los límites. Vemos día a día como la situación empeora. Literalmente, se están cayendo los techos de nuestros centros. Parece una broma o una exageración, pero está ocurriendo. Y como vemos que la respuesta de la Comunidad es ninguna, o peor, empeoramiento, lo que nos queda es protestar en las calles", sintetiza una de las portavoces de 'Por la Pública' en conversaciones con Madridiario.
En un comunicado al que ha tenido acceso este digital, los convocantes resumen el por qué de esta jornada de "lucha y reivindicación" en diez motivos. El primero y fundamental, la "asfixia económica" al que, al menos a su parecer, el Gobierno de la Comunidad somete en la actualidad a los centros públicos de educación superior. Una situación, sostienen, que lejos de resolverse de la mano de la nueva ley, se verá agravada una vez el texto sea aprobado gracias a la mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular en la Asamblea de Vallecas. "Habrá una mayor dependencia económica del capital privado y un encarecimiento de tasas" en la medida en que "el Gobierno regional solo aportará el 70 por ciento de la financiación" necesaria para continuar con la labor docente e investigadora, recoge el texto.
Frente a tal acusación, desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo, niegan la "infrafinanciación", sacan pecho y defienden su "esfuerzo presupuestario" para satisfacer las necesidades más urgentes trasladadas meses atrás por los rectores, quienes llegaron a alertar incluso de la "insostenibilidad financiera" del sistema actual. "Hay muy pocas regiones en el mundo, no ya en España, sino en el mundo entero, que alcancen el cuatro por ciento de su presupuesto en financiación -para las universidades públicas-", defendía a este respecto, hace escasos días, el consejero del ramo, Emilio Viciana.
A ello se suma, además, el modelo de "financiación plurianual" que la futura Ley de Universidades ya recoge en su borrador inicial. "Seguimos trabajando con todas las universidades. Seguimos hablando con los rectores sobre la nueva ley para seguir reforzando la universidad pública madrileña. A la cual, por cierto, ya destinamos más de 1.100 millones de euros, con un incremento del 20 por ciento del presupuesto desde que Ayuso es presidenta (…). Estamos invirtiendo y mucho, hasta un cuatro por ciento en los Presupuestos de 2025, para conseguir que la universidad madrileña sea la mejor del país", defendió, por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el pasado miércoles.
"La educación pública madrileña está siendo desmantelada"
Pese al anunciado "esfuerzo presupuestario" del Gobierno regional, desde 'Por la Pública' mantienen que las "soluciones cortoplacistas", tras "años de infrafinanciación", "no son suficiente" para paliar la problemática de fondo: "Las soluciones cortoplacistas no son soluciones porque no resuelven un problema que es mucho más profundo. Que haya habido un mínimo incremento este año no soluciona absolutamente nada. No vamos a conformarnos con que el techo se caiga un poquito menos. Parece que usamos un lema, pero es la realidad. Son situaciones reales que se dan en muchas facultades".
En lo que respecta a las críticas contra la incipiente LESUC, el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local considera que se trata de "criticar por criticar" puesto que sus detractores se postulan "en contra de una Ley que en este momento todavía está siendo elaborada y acordada con los rectores". "Incluso los ministros del Gobierno dijeron que era inconstitucional antes de que hubiera siquiera un borrador", apostillaba a renglón seguido.

Universidades privadas, represión y burocracia
Más allá de la polémica -y eterna- discusión en torno a la financiación, en 'Por la Pública' critican con dureza la proliferación de centros de titularidad privada a raíz de la "laxitud" reinante a la hora de "reconocer chiringuitos que se lucran con la educación". Cargan así contra lo que no dudan un ápice en tildar de "parasitismo" por parte de las privadas y, en último término, contra "una deriva" que conduce hacia "un modelo empresarial de la universidad pública". Todo ello deriva, en consecuencia, en la "mercantilización de la formación y del conocimiento". Una tendencia que bien podría culminar con el cierre de grados y proyectos de investigación que resulten "menos rentables" desde una perspectiva meramente económica.
La "injerencia del Gobierno regional en la autonomía universitaria" que, dicen, fomenta la LESUC, tendrá asimismo consecuencias. En concreto, "mayor control" de los "órganos de coordinación de la educación superior", "poder de veto del presupuesto por parte de los Consejos Sociales" y un incremento de la "represión a la libertad y al asociacionismo estudiantil". Por no mencionar, zanjan, la "sobrecarga burocrática creciente" y la "profundización de desigualdades laborales y de precariedad" que afecta a todos y cada unos de los empleados de la pública.
En paralelo, la receta presentada por 'Por la Pública' para paliar los males que aquejan a la universidad madrileña pasa por incrementar el gasto hasta alcanzar el uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) con vistas a 2030. También por más y mejores "controles a las privadas", el "fin de los contratos precarios" para docentes, investigadores y personal de administración y servicios y, por supuesto, mayor "participación de la comunidad universitaria" en el proceso de elaboración de la nueva normativa.
Huelga y manifestación
La huelga matinal prevista para este lunes, acompasada a concentraciones en los campus, culminará, ya por la tarde, con una "gran manifestación de toda la comunidad educativa". La marcha partirá a las 18:00 horas desde los alrededores de la estación de tren de Atocha-Almudena Grandes y, tras recorrer buena parte del centro de la capital, desembocará en la emblemática Puerta del Sol.
Tal movilización representa la guinda a una serie de protestas que comenzaron, días atrás, con sendos encierros en las facultades de Matemáticas de la 'Complu' y de Filosofía de la Carlos III y cuyo punto álgido tuvo lugar la semana pasada con el despliegue de un mural que cubrió la práctica totalidad de la fachada de la facultad de Física de la misma UCM para exigir "inversión en calidad".
La jornada coincide además en el tiempo con otra "huelga educativa", convocada de manera coordinada por la plataforma 'Menos Lectivas', para protestar contra el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y los sindicatos de la Mesa Sectorial -CCOO, UGT, CSIF y ANPE- para la reducción del horario lectivo docente al considerarlo meras "migajas".