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Los ex concejales Huete, Moreno y Viñals dan su última palabra en el 'caso funeraria'

Por MDO/Agencias
lunes 07 de enero de 2008, 00:00h
Los ex concejales del PP Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno están citados este martes como acusados en el turno de última palabra en la Audiencia Provincial, donde se juzgan las supuestas irregularidades en la privatización parcial de la funeraria municipal.
La Fiscalía de Madrid solicita penas de entre 8 meses y 17 años y medio para los procesados, entre ellos el que fue primer teniente de alcalde, Luis María Huete, y los ex concejales populares Simón Viñals y Antonio Moreno. Les acompañan en el banquillo de los acusados José Ignacio Rodrigo, asesor jurídico del Consistorio y presidente de Funespaña tras la venta, y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, directivos de la empresa.

Este procedimiento se remonta al Pleno del Ayuntamiento celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña, que la adquirió por "un precio simbólico" de 0,60 euros, según admitió Huete en su declaración. A cambio, la empresa asumiría la deuda de 2.278 millones de pesetas contraída por la Empresa Mixta con el Ayuntamiento.

Durante estos meses, la Sección Cuarta ha escuchado los testimonios de los procesados y de los testigos, entre los que destacó la declaración del propio José María Álvarez del Manzano. El alcalde de Madrid entre 1991 y 2003 sostuvo que los asesores jurídicos y económicos no interpusieron ningún veto a la privatización de la funeraria municipal a manos de Funespaña.

Inhabilitación e indemnizaciones
En sus conclusiones finales, tanto el fiscal como la acusación particular ejercida por el PSOE piden para los ex concejales una pena que ronda los 4 años de prisión por malversación de caudales públicos, además de inhabilitación para cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, entre otros.

En cuanto a indemnizaciones, el fiscal demandó que Rodrigo y los Valdivia indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública con 4.504.169 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria de Funespaña.

Cuando finalice el turno de última palabra, el caso quedará visto para sentencia, después de seis meses de sesiones.

Funespaña es hoy el primer grupo español de servicios funerarios y está implantada en 38 municipios españoles, en Buenos Aires y Rosario (Argentina) y en la capital de Hungría (Budapest), de acuerdo con la información que la propia empresa facilita en su web.
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