Alcaldes socialistas unen fuerzas por la declaración de zonas tensionadas en sus municipios

Encontrar una solución a la crisis de acceso a la vivienda se ha consagrado como gran prioridad política en la vigente legislatura. Por un lado, la receta del Ejecutivo regional del Partido Popular, que considera imprescindible la puesta a disposición de más oferta -o lo que es igual, la construcción de más pisos tanto en regimen de alquiler como de venta- a fin de estabilizar los precios. Para muestra, dicen, el "ejemplo de éxito" que supone el Plan Vive.

Por otro, la alternativa progresista, materializada en la Ley de Vivienda del Gobierno central. Una iniciativa que aboga por declarar zonas tensionadas en las ciudades más afectadas por la dinámica alcista del mercado inmobiliario y, en último término, establecer topes a la renta. Puesto que las competencias en la materia recaen sobre la autonomía, la hoja de ruta puesta en marcha por la Comunidad de Madrid pasa por la primera vía, rechazando de pleno la aplicación de la normativa estatal al considerarla "intervencionista" y, por ende, contraproducente.

A fin de forzar un cambio de dinámica, o, al menos intentarlo, y que la Ley de Vivienda termine por aplicarse en la región, hasta diez alcaldes socialistas han unido fuerzas para presentar una iniciativa legislativa municipal en la Asamblea de Madrid. El texto, registrado en Entrevías este mismo viernes por los regidores de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Coslada, Ciempozuelos, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Pinilla del Valle, aspira a que la potestad para declarar localidades enteras como zonas tensionadas recaiga sobre los propios municipios y no sobre el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso.

"Representamos a cerca de 800.000 madrileños que quieren una cosa: que se cumpla una Ley de Vivienda que hace beneficios a la ciudadanía en dos sentidos. Nos permitiría intervenir el mercado de la vivienda, el principal problema que tienen ahora mismo los vecinos y vecinas, con precios a la baja y de forma inmediata. Y, no menos importante, que muchos pequeños propietarios se puedan acoger a esos beneficios fiscales que también establece la ley estatal", ha lanzado la principal promotora de la iniciativa y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa.

A su parecer, el principal problema no es otro que la "insumisión" de Ayuso pues, ha defendido, en Galicia, con el Gobierno Popular de Alfonso Rueda, la alcaldesa de Coruña, Inés Rey, habría pedido poner en marcha la declaración de zonas tensionadas "sin ningún problema": "No puede ser que la insumisión de Ayuso nos lleve a la inacción". Por eso, ha zanjado, "no vamos a parar. Ya hemos solicitado una reunión con el Ministerio y también vamos a pedir una reunión formal con los grupos parlamentarios para buscar apoyos (...). Y si se nos cae con los votos en contra de PP y Vox, iremos a donde sea necesario. Al Defensor del Pueblo o al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local".

El texto definitivo contempla el establecimiento de zonas tensionadas por un mínimo de tres años. Su declaración podría asimismo prorrogarse cada año. En cuanto a la definición de "gran tenedor" de vivienda, la iniciativa plantea abordar cada caso atendiendo a sus condiciones particulares. Un punto de discrepancia con la normativa estatal, donde se establece un mínimo de diez viviendas en propiedad. Por último, para aquellos municipios en los que se establezcan topes al alquiler, se vincula necesariamente el suelo público disponible a la construcción de vivienda pública. O lo que es igual, se impide de facto ceder suelo municipal a la iniciativa privada.

La estrategia del PSOE-M viene además acompasada a otras medidas como el blindaje de la protección sobre la vivienda pública, de forma que estas no puedan incorporarse al mercado libre una vez venza su concesión transcurridos los 15 años que contempla la actual normativa. Una medida ya impulsada en tiempos de Juan Lobato para prorrogar la salvaguarda de manera indefinida y que tampoco contó con el beneplácito Popular en Vallecas.

La medida, cuyo origen radica meses atrás, cuando la Comunidad tumbó las peticiones -a título individual- de municipios como Alcorcón, Getafe o Fuenlabrada para aplicar la Ley de Vivienda, ha venido asimismo reforzada a raíz del cónclave socialista celebrado en Leganés el pasado fin de semana. Más allá de elegir los cargos de la nueva Ejecutiva y consolidar la figura de Óscar López entre las filas madrileñas, de hecho, la cita tuvo los problemas de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, como uno de sus ejes centrales. Así quedó reflejado tanto en las reuniones de la militancia como en la ponencia 'La Vivienda en Madrid' y que vino mediada por la propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Una muestra más de la estrategia encaminada a alinear las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez a las de la oposición progresista a Díaz Ayuso.

Para impulsar una iniciativa popular con carácter municipal en la Comunidad de Madrid -Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos- resulta necesaria la suma de hasta diez municipios limítrofes entre sí, con independencia de su población. También se contempla la unión de tres localidades siempre y cuando cada una de ellas supere los 50.000 habitantes censados. En este caso, la suma de poblaciones entre los municipios firmantes roza los 800.000 residentes.

Una vez aprobado en cada uno de los plenos locales, la propuesta llega ahora a la Asamblea de Madrid, donde deberá recibir el visto bueno de la Mesa antes de iniciar la tramitación habitual establecida en el reglamento de la cámara para las proposiciones de ley. Todo apunta a que, tras ser calificada de manera positiva y pasar por las respectivas comisiones, llegará al debate y votación en Pleno, donde la mayoría absoluta Popular terminará previsiblemente por impedir su aprobación.

También se ha referido a esta cuestión el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, quien, como ya hiciera en ocasiones anteriores, ha insistido en que "en ningún caso vamos a declarar municipios tensionados" porque se trata de "una ley nefasta" que se traduce, a su vez, en "una política que no funciona". Todo, además, con el telón de fondo de una nueva movilización por el derecho a la vivienda programada para este domingo en el centro de la capital. La batalla -en el parlamento autonómico y en las calles- está servida.