Pese al impulso alcanzado meses atrás, la pretendida reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para la supresión de términos vejatorios hacia las personas con discapacidad -tales como disminuido o minusválido- fue tumbada por el PP en el Pleno de la Asamblea del pasado 24 de mayo.
Aunque aseguraban estar de acuerdo con el fondo de lo que la modificación recogía, los de Isabel Díaz Ayuso argumentaron entonces que no estaban dispuestos a que el texto llegase hasta el Congreso de los Diputados pues supondría dejarlo "en manos de Pedro Sánchez y sus socios independentistas". La contraoferta Popular, sacar adelante una nueva Ley en la Cámara autonómica para eliminar estas palabras con carácter peyorativo de toda la normativa, a excepción, claro, del propio Estatuto.
Esta suerte de bloqueo temporal ha llegado a su fin este mismo jueves, de la mano de la aprobación definitiva -por la vía de la Lectura Única- de la Proposición de Ley de adaptación normativa de la Comunidad de Madrid a la nueva terminología para referirse a las personas con discapacidad.
En la práctica, el nuevo texto permite eliminar más de 120 términos vejatorios que aparecían recogidos en hasta 11 disposiciones legislativas y reglamentarias, como la Ley 1/1986 de la Función Pública de la Comunidad de Madrid o la Ley 8/1993 en Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. A ello se suma también la revisión de otras 19 disposiciones, con la supresión de más de un centenar de palabras, a través de un decreto aprobado en noviembre por el Consejo de Gobierno.
En paralelo, el texto aspira a garantizar un lenguaje apropiado y respetuoso con el ámbito de la discapacidad tanto en las disposiciones normativas como en las resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de las autoridades y empleados públicos de la Comunidad. El objetivo último no es otro que "avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad".
La reforma, que entrará en vigor tras su próxima publicación en el Boletín Oficial de la región (BOCM), ha contado con la participación de diversas asociaciones representativas de este colectivo.
Discrepancias pese a la aprobación
Durante su intervención en Pleno, el consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que con esta normativa “se va a contribuir al bienestar de las personas con discapacidad, mejorar su calidad de vida, su autonomía y su independencia”. “Nuestra región lleva décadas siendo referente en su plena inclusión, y lo estamos logrando con medidas pioneras y beneficiosas”, ha defendido el también portavoz del Ejecutivo a renglón seguido.
Para Más Madrid, los cambios en el lenguaje del que se compone la normativa regional no vienen acompasados a cambios que impulsen las políticas de discapacidad en la región. Para ello, han lamentado los de Manuela Bergerot, habrá que esperar a que haya "un cambio de Gobierno".
Una crítica a la que se ha sumado Vox. Para muestra de las deficiencias existentes, han señalado los de Isabel Pérez Moñino, unas listas de espera en Atención Temprana que superan incluso los 70 días.
Por el Partido Socialista, y ya desde los pasillos de Entrevías, el nuevo portavoz, Jesús Celada, ha exigido al Partido Popular mayor "valentía" para alcanzar "acuerdos" y el "entendimiento" necesario para llevar a cabo la reforma del Estatuto de Autonomía. Cualquier otra alternativa, han defendido los socialistas, sería una "chapuza".
Pese a los reproches de la oposición, la iniciativa ha sido aprobada con los votos a favor de PP, Más Madrid y Vox. El PSOE-M, por su parte, se ha abstenido.
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