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Una persona en silla de ruedas con un asistente persona
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Una persona en silla de ruedas con un asistente persona (Foto: Eduardo Parra / Europa Press)

Famma reclama una norma regional que reconozca el derecho al asistente personal para discapacidad

Por MDO
jueves 17 de julio de 2025, 17:06h
Actualizado: 23/07/2025 15:22h

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) ha instado este jueves al Gobierno regional y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a impulsar “con carácter prioritario” una Ley de Asistencia Personal que garantice el derecho a una vida independiente y digna para las personas con discapacidad en situación de dependencia.

En un comunicado, la federación ha denunciado la escasa implantación de la figura del asistente personal en la Comunidad, a pesar de que está contemplada en la Ley estatal 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal. Según Famma, este recurso sigue teniendo un papel residual, lo que limita el desarrollo de proyectos de vida autónoma para miles de madrileños.

“No se trata solo de cuidados, sino de derechos. De posibilitar que las personas con discapacidad decidan sobre su vida, su lugar de residencia, su empleo, su ocio y su participación en la sociedad, como cualquier otra persona”, ha afirmado Javier Font, presidente de Famma.

La organización considera que la ausencia de una norma autonómica específica crea un vacío legal que fuerza a muchas personas a vivir institucionalizadas o depender de sus familias, en lugar de contar con apoyos individualizados y personalizados.

Famma reclama que la futura ley autonómica reconozca el derecho a disponer de un asistente personal, establezca un sistema claro y estable de financiación, y promueva la figura como pieza clave para la inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad.

La federación también ha señalado que esta medida no solo es una cuestión de justicia social, sino que generaría beneficios económicos, al reducir los costes derivados de la dependencia institucionalizada y favorecer la participación activa de estas personas en la sociedad.

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