El Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey ha ordenado el decomiso de una decena de galgos desnutridos y con deshidratación severa conforme a lo establecido en la nueva Ley de Bienestar Animal, que se aplica por primera vez. En el auto, la magistrada decreta una serie de medidas de protección para garantizar el correcto cuidado y la supervivencia de los animales, entre ellos dos caballos.
Los hechos se remontan al 20 de abril de 2023 cuando una llamada alerta del mal estado de unos perros en una explotación ganadera ubicada en el municipio Campo Real. Tras acudir el Seprona de la Guardia Civil, los agentes observaron a una galga en el suelo agonizando y convulsionando con dificultad para respirar.
El Seprona avisó al alcalde del municipio, Felipe Moreno, ante "la gravedad de la situación y el peligro para la vida del animal". Al lugar, se trasladó una veterinaria para atender al animal y proceder a su traslado urgente a la clínica para salvar la vida del perro.
Los agentes localizaron en la finca a otro galgo en estado de caquexia avanzado y numerosos parásitos apreciables a simple vista. Los hermanos responsables de los animales informaron de que tenían más perros en otro lugar de la misma localidad, donde había cuatro ejemplares de la misma raza.
Además, había más canes en otra finca, que presentaban parásitos y desnutrición, incluido un cachorro en malas condiciones atado con una cuerda. Para preservar el bienestar animal, los animales fueron intervenidos por una protectora, que confirmó el estado de desnutrición y deshidratación severa.
En la resolución, la jueza subraya que del relato de los agentes queda claro "el estado de absoluta dejadez" de las condiciones higiénico sanitarias de los animales y control sanitario absoluto, así como la idoneidad de las fincas. Las fotografías reflejan que los animales malviven entre aristas cortantes, aperos agrícolas y materiales apilados sin control.
Ante ello, acuerda una serie de medidas conforme a la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor el pasado 1 de febrero para ofrecer una respuesta penal más eficaz ante casos de maltrato a animales.
La magistrada considera que existen indicios racionales de criminalidad contra Miguel Ángel R. G. por un delito de maltrato animal del artículo 340 bis 2 con la agravante por ser el propietario y tener confinados a los animales, así como otro delito respecto a una perra galga fallecida por omisión.
En la parte dispositiva, la jueza acuerda el decomiso de todos los animales de los que es propietario Miguel Ángel, así como la prohibición de acercarse a los mismos y a la protectora designada depositaria.
También se le prohíbe la tenencia de animales y se acuerda el cierre de forma cautelar de las instalaciones de su explotación ganadera.
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