El acoso escolar afecta, solo en la etapa de Educación Primaria, a uno de cada diez alumnos. La realidad de los centros de Educación Secundaria y Bachillerato es aún más cruenta, de forma que las víctimas de bullying y ciberbullying se cuentan por miles cada curso. Una tendencia al alza y cuyas consecuencias pueden resultar irreversibles, lastrando las relaciones sociales de la víctima durante toda su vida. Con el objetivo de penar estas prácticas y poner fin a la lacra que supone el acoso escolar en todas sus vertientes, el Ejecutivo regional ha aprobado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid la nueva Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.
La ley pone el foco en la alfabetización tecnológica del menor, apostando por la adquisición de competencias y habilidades digitales desde el segundo ciclo de Educación Infantil, con independencia del estatus socioeconómico de la familia. Tales aspectos pasarían así a estar incluidos en los currículos de todas las etapas educativas. También se hace especial hincapié en las buenas prácticas en el manejo de las nuevas tecnologías con el objetivo de prevenir situaciones de ciberbullying, el acceso a contenidos inadecuados para la edad del menor, fundamentalmente de caracter violento o sexual, y las conocidas fake news.
Se establece también la obligatoriedad en el uso de métodos efectivos para la verificación de la mayoría de edad del usuario, más allá de la mera confirmación a golpe de clic, y se promueve la instalación por defecto del control parental para nuevos accesos a Internet. De este modo, ha de ser el propio usuario quien de manera proactiva desactive la vigilancia.
Más allá del asunto digital, se prioriza el derecho del niño a crecer en el seno de una familia, especialmente en el caso de los menores de seis años. A fin de garantizar la estabilidad en la primera infancia, la norma viene además a unificar los procedimientos y declaraciones de idoneidad necesarios para la concesión de un régimen de acogimiento o adopción.
Tiras y aflojas en sede parlamentaria
El texto, que sustituye al régimen sancionador fijado en 1995, ha salido adelante con el voto favorable de Vox y la abstención del resto de grupos, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, el beneplácito de los de Rocío Monasterio no ha salido gratis a un PP obligado a incluir hasta 70 de las 72 enmiendas presentadas por la formación verde.
Las discrepancias, no obstante, han llegado de la mano de una sola de estas enmiendas: el polémico pin parental. Mientras desde Vox defienden que gracias a su iniciativa el texto ha incorporado la obligatoriedad de informar previamente a las familias de las acciones educativas globales que se lleven a cabo en el ámbito escolar, la bancada popular niega la mayor y asegura que tal mecanismo ya se encuentra contemplado en la legislación educativa vigente.“Es falso. No entendemos ese afán por desinformar de manera continua y permanente a todos los madrileños y especialmente a sus votantes. Qué no falten a la verdad”, ha aseverado el diputado y portavoz Pedro Muñoz Abrines.
Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, en voz de sus diputados Tania Sánchez, quien este jueves abandonaba además la Asamblea, Laura Morales y Paloma García, han coincidido al apuntar que el texto, pese a ser un avance, se queda corto y “no da respuesta a muchas de las necesidades de la infancia madrileña”. Es, a su juicio, una “oportunidad pérdida” para el desarrollo de una normativa más ambiciosa y que alcance el apoyo de toda la cámara. Asimismo, han advertido que permanecerán atentos para garantizar que el reglamento se lleve finalmente a la práctica. “Promueve mucho, pero garantiza muy poco”, han concluido.
Pese a los desacuerdos, la sangre no ha llegado finalmente al río en forma de paralización, tal como sí ha ocurrido en iniciativas legislativas anteriores, y la votación, celebrada a última hora de la tarde, ha seguido los cauces previstos. Tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en la Real Casa de Correos, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ya anticipó que desde el Grupo Popular esperaban contar con el apoyo de Vox en la tramitación de ambas leyes -en referencia a la también aprobada Ley de Protección Civil y Emergencias- pues son "buenas para los madrileños”.
Si (
No(
