En un contexto de polarización política como el actual, alentado en buena parte por el modus operandi de los partidos a escala nacional, conflictos de todo pelaje entre ambas facciones del espectro ideológico se trasladas también al ámbito municipalista, instalándose en las grandes urbes y llegando incluso a los núcleos poblacionales más pequeños. Es el caso de Valdemorillo, un municipio del oeste de la región con poco más de 12.000 habitantes y en el que tanto Gobierno como oposición viven en un permanente cruce de acusaciones que se ha trasladado ya al plano judicial en forma de demandas y querellas.
El último episodio de esta particular guerra política tuvo lugar en los compases finales del mes de octubre, cuando los grupos municipales de la oposición, PSOE, UNIVAL y Podemos-Equo, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid en base a un presunto delito de prevaricación administrativa por parte del Ejecutivo local, formado por Partido Popular y Ciudadanos, en la publicación de los pliegos del contrato de renovación de las luminarias del municipio. El objetivo de esta medida no es otro que conseguir la paralización cautelar del procedimiento.
"El Gobierno comete gravísimas irregularidades"
El pasado 29 de septiembre se aprobó en Pleno Extraordinario el contrato para la renovación del alumbrado público, por valor de 16 millones de euros y con una duración de 15 años. Lo que podría parecer una práctica habitual en la política municipal se convierte, a ojos de los partidos que no forman parte del Gobierno, en foco de conflicto como consecuencia de las “prisas” con las que se ha ejecutado y, sobre todo, fruto de las “gravísimas irregularidades” cometidas por el Ejecutivo. “Al margen de que había varios concejales de vacaciones, todos los grupos de la oposición presentes en el pleno votaron en contra, incluso algunos concejales del propio Gobierno decidieron abstenerse ante las deficiencias que presentaba el expediente, en el que faltaban documentos tan importantes como los informes técnicos de los servicios de urbanismo que certificaran que las características y los costes eran correctos. Otros aparecían incompletos, con fórmulas en blanco. Incluso había un documento de la aparejadora municipal renunciando a cualquier responsabilidad sobre dicho contrato debido a su falta de conocimiento previo”, argumentan en la oposición.
Otro aspecto que levanta ampollas en la bancada de la izquierda es “la negativa a buscar financiación sin intereses" para la ejecución del proyecto. En esa línea, remiten a acudir a distintas administraciones "para disfrutar del ahorro energético desde el primer momento”.
Para más inri, añaden, tan solo un día después de ser aprobado, los documentos del pliego original fueron “eliminados del expediente y sustituidos por otros”. Ya a principios de octubre tuvieron lugar “más modificaciones, siendo estos últimos los documentos que finalmente se publicaron para su licitación”. Entre los cambios a las que aluden en la oposición destacan la modificación en las puntuaciones para la valoración de las empresas licitadoras, la sustitución de la plataforma de presentación de ofertas, de la Plataforma de Licitación del Estado a la propia del Ayuntamiento de Valdemorillo, y los cambios con respecto a los responsables del contrato, añadiendo a la arquitecta municipal y manteniendo a la aparejadora, quien ya había presentado su carta de renuncia. Además, “el día 13 de octubre incluyen nueva documentación en el expediente publicado, con fórmulas de cálculo de revisión de precios y costes que no habían pasado por el pleno y que ni siquiera iban firmadas”.
“Ilegalidades” en la Feria Taurina de San Blas
El caso de las luminarias no es el único que ha enfrentado a Gobierno y oposición en los últimos tiempos. Las “ilegalidades” a las que aluden PSOE, UNIVAL y Podemos-Equo llegan también a la gestión en el cobro de las entradas de la Feria Taurina de San Blas, celebrada entre enero y febrero de este mismo año, lo que terminó por desembocar en una querella por un presunto delito de malversación de fondos contra los miembros de la junta de Gobierno. “Descubrimos que el dinero proveniente del cobro de las entradas no se encontraba en ninguna cuenta del Ayuntamiento, cuando el pliego establecía que debía ingresarse en una cuenta de titularidad municipal. Fue tras la denuncia de los grupos que conformamos la oposición y el informe de tesorería, que exigía el ingreso inmediato de ese dinero en una cuenta municipal, que la supuesta cantidad cobrada, 242.603,50 euros, fue finalmente ingresada por el adjudicatario del contrato en una cuenta del Ayuntamiento”, señalan.
Dicha querella ha sido ahora admitida a trámite por el Juzgado número 2 de San Lorenzo de El Escorial, aunque no será hasta el próximo 30 de noviembre cuando comience la toma de declaraciones.
La gravedad de los hechos, continúan, aumentó cuando el alcalde de Valdemorillo, Santiago Villena, del Partido Popular, “decidió transferir a la empresa adjudicataria 438.862,04 euros, a pesar del informe contrario de intervención, levantando así el reparo puesto por dicha intervención al pago, ya que superaba en 181.136,88 euros la cantidad estipulada en el contrato”. En base a estos hechos, la oposición acusa tanto al alcalde como al concejal Miguel Partida, también del PP, de un presunto delito de prevaricación.
“Difamación y mentiras”: el Ejecutivo se defiende
"No aciertan ni el delito que se inventan"
Frente a las acusaciones vertidas, el Partido Popular de Valdemorillo defiende en diversos comunicados que “no hay nada irregular” en un procedimiento de renovación del alumbrado público “perfectamente válido”. Así, la actitud de la oposición en el Consistorio, sostienen, responde a la “estrategia de intimidación” en la que se han movido toda la legislatura. Se trata de “falsedades y graves acusaciones sin fundamento alguno, que demostraremos y desmontaremos con prontitud, contundencia y total transparencia. Se fueron corriendo a la Fiscalía a registrar una denuncia igualmente llena de inexactitudes, falsedades y graves acusaciones, con el único objetivo de hacerse una foto en la puerta. Por no acertar, no aciertan ni el presunto delito que se inventan”.
El argumentario del Gobierno local se apoya en la “clara dejación de funciones” y la “falta de respeto hacia todos los vecinos” del municipio que a sus ojos ha supuesto el abandono del último pleno por parte de los concejales del PSOE, UNIVAL y Podemos-Equo cuando iba a dar comienzo el turno de ruegos y preguntas. “Votan sistemáticamente en contra del avance y de proyectos relevantes para mejorar el bienestar de todos los vecinos. Además, hace tiempo que optaron por judicializar la vida política, incapaces de mostrarse como alternativa constructiva. Y así continuarán hasta las próximas elecciones. Queda demostrado que por esos partidos no pasa ninguna solución para nuestro pueblo”, agregan.
En relación con la Feria Taurina de San Blas, desde el Gobierno sostienen que la oposición “falta a la verdad” al afirmar que la querella ha sido admitida a trámite. “La realidad es que no ha habido ninguna novedad procesal relativa al procedimiento de diligencias previas en curso. En este momento, la única cita notificada emplaza a comparecer en el Juzgado a la interventora municipal, en calidad de testigo-perito, para ratificarse en su último informe incorporado al procedimiento, firmado el pasado mes de junio y cuyo contenido no debe gustar demasiado a los partidos demandantes”, concluyen.
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