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Un año de crisis de Air Madrid con tres frentes judiciales abiertos

viernes 14 de diciembre de 2007, 00:00h
La aerolínea Air Madrid cumple este sábado el primer aniversario de su cierre con tres frentes judiciales abiertos. Los conflictos generados por la crisis, que dejó a unos 60.000 viajeros en tierra en vísperas de Navidad, continúan tramitándose en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo de Madrid y en el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, según informaron fuentes jurídicas cercanas al caso.
El concurso que tramitan los Juzgados de lo Mercantil es el que más novedades presentará en los próximos meses. En la actualidad, los responsables y acreedores de Air Madrid están a la espera de que los administradores concursales emitan su informe patrimonial, después de que el juez aplazara indefinidamente el plazo para su presentación.

Por el momento, "alrededor de 15.000" viajeros afectados (de los 35.000 cifrados por la aerolínea) se han adherido a la propuesta de convenio presentada por Air Madrid el pasado mes de junio y aceptada por el juez. Diez días después de la presentación del informe, se contabilizarán las adhesiones. La compañía necesita contar con el 50 por ciento de los acreedores para la aprobación de la propuesta, según informaron fuentes de Air Madrid.

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha valorado en 6,8 millones el crédito contra Air Madrid correspondiente al coste de los aviones fletados tras el cierre de la aerolínea para trasladar a los afectados (alrededor de 4.000 pasajeros pudieron viajar por esta vía).

Fomento está personado como acreedor en el concurso, junto con las empresas proveedoras, y se ha negado a adherirse a la propuesta de convenio presentada el pasado mes de junio por Air Madrid.

Su participación en el convenio ayudaría a que la aerolínea consiguiera el 50 por ciento de las adhesiones. Air Madrid ha enviado un carta a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, a través del secretario de Transportes, Fernando Palao, para pedirle su adhesión al convenio "en favor de las personas menos favorecidas", a quienes se les devolverá "el importe íntegro de los billetes", informaron las mismas fuentes.

El convenio propone reembolsar el cien por cien del importe del billete de las personas que no llegaron a volar, aunque están excluidos los viajeros que volaron con los aviones fletados por Fomento. Air Madrid se quejó de que Fomento incluyó en los listados entregados a la administración concursal "casi un 25 por ciento de pasajeros que no eran clientes de Air Madrid.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de Madrid
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está pendiente de resolver en los próximos meses los recursos de apelación presentados por las asociaciones de consumidores (OCU, Asgeco y FUCI) contra el archivo de la querella por estafa y por delitos contra los derechos de los consumidores contra el presidente de la compañía, José Luis Carrillo, y otros tres directivos por seguir vendiendo billetes a pesar de saber que iban a cerrar.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, dictó el pasado mes de junio el sobreseimiento libre de las actuaciones contra ellos al considerar que no hubo una "voluntad concreta y previa" de incumplir los compromisos adquiridos por la venta de billetes, ya que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) comunicó la suspensión de actividades el día 15 de diciembre, el mismo día que "desestimó el recurso" presentado por la compañía.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso Contencioso-Administrativo presentado hace tres meses por Air Madrid contra el Ministerio de Fomento. La aerolínea pide al tribunal que anule el acto administrativo por el cual se suspendió el certificado de operador y la autorización de vuelo a Air Madrid, hecho que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2006, un día después del cierre de la compañía.

Esta acción judicial responde a la apertura de la vía judicial para tratar de probar la responsabilidad patrimonial de la administración del Estado en la crisis y solicitar futuras indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de su actuación.

El trámite, pendiente de formalizar la demanda, se encuentra en su fase inicial y podría tardar varios años en resolverse mediante sentencia recurrible posteriormente, según fuentes jurídicas.

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