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La libertad de García Juliá, una vergüenza para España

jueves 19 de noviembre de 2020, 08:08h

Dijo esta derecha de pistolerismo verbal que la victoria del PSOE y el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos iba a traer quema de iglesias, ataques a la bandera y caos callejero. En este tiempo hemos visto como el desorden viene de quienes quieren apagar la memoria histórica, de quienes torticeramente quieren retorcer la ley y transformar ese espíritu de “verdad, justicia y reparación” en “mentira, injusticia y provocación”. Sobre la bandera, sólo hay que ver los kilométricos telares rojigualdos que se van inaugurando sin problema en diversos barrios de la capital, por no hablar de la chusca y millonaria ornamentación navideña preparada por el alcalde.

Más grave es la institucionalización del odio por parte del Consistorio con actuaciones como la paralización y posterior destrozo del Memorial que estaba erigiéndose en el Cementerio del Este en recuerdo de los asesinados por el franquismo. O la barbaridad histórica que atenta también contra la memoria de Madrid al retirar del callejero el “Bulevar Indalecio Prieto” y la “Calle Francisco Largo Caballero”, así como la placa conmemorativa de la plaza de Chamberí donde nació Caballero. Una placa que no solo no ha sido preservada en los almacenes municipales, sino que ha sido destrozada bajo la responsabilidad del alcalde. La institucionalización del odio alienta a que la estatua de Indalecio Prieto en Nuevos Ministerios, lugar de la ciudad diseñado por él, aparezca permanentemente atacada por fascistas “incontrolados”. O que, en esta misma semana, el memorial vecinal “en defensa de la libertad” levantado en recuerdo de las dos mil personas que pasaron por la cárcel de Carabanchel haya sufrido también un ataque.

En este ambiente enrarecido, este actuar de la derecha política contra la memoria histórica, se produce la actuación judicial sobre uno de los asesinos fascistas de Atocha. La indignación llega este 19 de noviembre a su cuota más alta. Me refiero a la puesta en libertad de Carlos García Juliá, el asesino del atentado contra los abogados de Atocha el 24 de enero de 1977.

Ya no hablamos de un pistolero verbal, ni de un rapero, sino de un pistolero literal, autor material de cinco asesinatos, también condenado por cuatro intentos de homicidio. Los asesinados fueron los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. De todos ellos solo sobrevive Alejandro Ruiz-Huerta, actualmente presidente de la Fundación Abogados de Atocha. Hay que repetir sus nombres para que no sean borrados de la historia.

Tal como explicaba recientemente Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo, “a García Juliá, para el que la fuga de España y el asesinato de los abogados de Atocha le ha reportado un beneficio penitenciario que jamás se habría acordado si el crimen hubiese sido calificado como acto terrorista. la significación política de la matanza de Atocha ha sido ignorada tanto por la Audiencia Nacional como por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en una serie de decisiones que han favorecido directamente la modificación a la baja de la condena de una persona que en ningún momento ha mostrado arrepentimiento por su crimen y que a través de su peripecia vital escapando de la cárcel, sigue plenamente instalado en la delincuencia y en el contacto con grupos de extrema derecha”.

Las peripecias de este asesino, siempre en contacto con la ultraderecha internacional, son escandalosas como para que quede en libertad tras cumplir 287 días en la cárcel frente a los 4.387 que le quedan. García Juliá fue condenado a 193 años de prisión, pero en 1994 se escapó tras conseguir de la “Justicia” prisión condicional. En 1996 fue detenido en Bolivia por tráfico de drogas y financiación de grupos paramilitares. Volvió a escapar y en 2018 fue detenido en Brasil siendo extraditado a España el pasado mes de febrero.

García Juliá fue juzgado en la Audiencia Nacional, pero sus abogados pidieron el pasó a la Audiencia de Ciudad Real. Allí, durante su estancia en prisión preventiva en 1979, cuando esperaba el juicio por los atentados de Atocha, secuestró al director de la cárcel, a su familia y a otro funcionario para tratar de fugarse.

Todos estos hechos, incluida la extradición, se han venido llevando a cabo sin conocimiento de la representación legal de las víctimas. Tras la extradición se ha hecho un conteo de la deuda que el asesino tiene con España y provoca un nuevo escándalo, lleno de simbolismo, además, pues podrá brindar en libertad el día siguiente, 20 de noviembre, a la memoria del falangista José Antonio Primo de Rivera y el dictador Franco. Poner en libertad a este asesino es una vergüenza para nuestras instituciones, para nuestra democracia, para España.

Aunque esta barbaridad esté sucediendo bajo el silencio de los medios de comunicación, la Fundación Abogados de Atocha ha hecho público que la salida de prisión de Carlos García Juliá supone no cumplir doce años que le restan por unos hechos gravísimos que ocurrieron en la Transición. De hecho, la Fundación ha denunciado la “falta de tutela jurídica”. Y Cristina Almeida y José María Mohedano en representación de las víctimas, únicas competentes para hacerlo, han recurrido ante el Tribunal Constitucional en demanda de amparo. Se ha solicitado al alto Tribunal que el asesino no sea excarcelado, o en su caso, que se le impida salir del país y que se le retire el pasaporte si lo tuviera, o se dieran instrucciones al Ministerio del Interior para que no se le expidiera, en ningún caso, pasaporte español.

También desde CCOO se ha emitido un comunicado en el que no sólo se muestra indignación por una resolución que “constituye por sí misma una ofensa a la memoria democrática de justicia y reparación a las víctimas de la violencia política o terrorista”. También recordamos desde las Comisiones Obreras que uno de los participantes en el atentado criminal, Lerdo de Tejada, integrado en el círculo familiar del notario y político de extrema derecha Blas Piñar, se benefició de una libertad provisional que arbitrariamente le concedió el primer juez instructor, Gómez Chaparro, y nunca pisó la cárcel, puesto que también huyó de la justicia española.

Independientemente de lo que diga la Justicia y siendo respetuoso con sus decisiones, es de sentido común que el crimen realizado contra los abogados de Atocha, sindicalistas de CCOO y comunistas, fue un acto de terrorismo tan vil como los perpetrados por cualquier banda terrorista y con evidente significación política en plena Transición. En este sentido, estamos viendo hasta qué punto llega el cinismo de la derecha española, que después de la desaparición de ETA sigue insistiendo en sacar sus siglas de paseo hasta para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado especialmente relevantes (por su puesto criticables por su contenido) en estos tiempos de crisis. En cambio, no se tiene ningún reparo a pactar con la extrema derecha actual, heredera de aquella que alentaba y ejecutaba atentados como el de Atocha y que sigue haciendo apología del terrorismo de Estado que practicó la dictadura franquista.

Para cicatrizar heridas hay que verbalizar la palabra “perdón” por quienes asesinaron, se insiste por activa y por pasiva. Y es cierto. A día de hoy Alejandro Ruiz-Huerta explicaba en una entrevista respecto al asesino García Juliá que “No. No ha habido ninguna petición de perdón por su parte. Además, los 24 de enero de los primeros años celebraban el aniversario del atentado comiéndose en la cárcel una mariscada. Con eso está dicho todo”.

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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