El Ayuntamiento de Getafe adjudicó el pasado mes de julio la construcción de dos estaciones elevadoras de aguas fecales (EBAR) en el barrio de Perales del Río. Ambas instalaciones deben subsanar la práctica anómala por la que el municipio derrama vertidos ilegales sobre el río Manzanares desde hace más de dos décadas, una causa por la que se encuentra imputada la propia alcaldesa, Sara Hernández. Sin embargo, los vecinos denuncian que una de estas infraestructuras se levantará a poco más de 40 metros de sus viviendas y reclaman un cambio de ubicación.
Los residentes en la zona conocida como El Caserío de Perales soportan olores fétidos y plagas de mosquitos y mosca negra desde hace dos décadas. No se oponen a la EBAR, pues la consideran necesaria para acabar con esa situación, pero temen que pueda originar otras molestias como ruidos o afecciones derivadas de los aerosoles al no tratarse de una estación completamente estanca.
Además, han encontrado presuntas "irregularidades" en el proyecto por las que han presentado "más de 200 denuncias". Roberto Benítez, presidente del partido Impulsa Getafe, expone a Madridiario que las investigaciones vecinales han concluido la ausencia de infome medioambiental y de estudios del terreno. De hecho, explica que esta última cuestión ha derivado en la paralización de la obra la semana pasada ante la aparición de acuíferos. "Es técnicamente inviable construir allí porque cada vez que pican mana agua que no se puede achicar", precisa.
Sin embargo, fuentes del Consistorio getafense niegan que los trabajos se hayan detenido y aseguran que la estación elevadora "cumple con toda la normativa". "Será una instalación moderna que reducirá los olores al mínimo porque evitará el estancamiento de las aguas, mientras que los ruidos quedarán muy por debajo de los niveles autorizados", indican a este medio. Asimismo, añaden que la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Consejería de Medio Ambiente han autorizado el proyecto.
Una intervención que se ha retrasado
Las aguas fecales de Perales del Río desembocan directamente desde la tubería al Manzanares. Sin filtros ni barreras. La antigua estación de bombeo que comunicaba el caudal con la Depuradora Sur está "desmantelada y vandalizada", según Impulsa Getafe, y los vertidos se pierden por el camino. El colector de la depuradora se sitúa en un nivel inferior, por lo que se precisa elevar las aguas a través de las dos estaciones -la que se asienta a 40 metros de las casas y otra a dos kilómetros de distancia-.
El Pleno del Ayuntamiento de Getafe aprobó en noviembre de 2015 reparar la EBAR con el respaldo unánime de todos los grupos en una operación que incluirá aliviaderos que "eviten el desbordamientos en caso de fuertes lluvias". No obstante, la licitación de las obras de sendas estaciones no se produjo hasta el pasado mes de enero. En julio se procedió a la adjudicación de los trabajos por valor de 950.099 euros con cargo al programa de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) de 2019 y se fijó un plazo de ejecución de ocho meses.
Este otoño se inició la construcción de la EBAR y los vecinos iniciaron movilizaciones para frenarla bajo el asesoramiento técnico de Impulsa Getafe. Roberto Benítez apunta que el plan previsto para esta instalación pivota sobre un Tornillo de Arquímedes que gira sin fin y que atraparía los residuos sólidos que después se depositarían en contenedores. "Hasta que venga el camión a sacarlos, las heces se almacenarían en ese estanco", comenta. De ahí que los vecinos quieran alejar de sus hogares este posible retenedor de hedores.
Una causa judicializada
Los vertidos ilegales de Perales del Río al Manzanares se remontan a 24 años atrás, según los informes de la Fiscalía de Medio de la Comunidad de Madrid. La Confederación Hidrográfica del Tajo impuso las primeras sanciones en el año 2005 bajo mandato del socialista Pedro Castro, multas que se han repetido en la siguientes legislaturas encabezadas por Juan Soler (PP) y Sara Hernández (PSOE).
Sin embargo, la imputación de la actual alcaldesa no llegó hasta 2018 previa querella penal interpuesta por Impulsa Getafe por la contaminación sistemática del río. Junto a ella, resultaron imputados en el caso los concejales Jorge Rodríguez, María Teresa Mellado y Ángel Muñoz, de la actual corporación, y la edil de la anterior Raquel Alcázar.
El juez que atiende la acusación concluyó entonces que encontraba indicios suficientes de irregularidades en la gestión de los vertidos de aguas residuales sin tratar en un entorno natural protegido enmarcado en el Parque Regional del Sureste. Sara Hernández declaró entonces que su equipo de Gobierno había sido "el único" que había tratado de hacer frente a esta problemática. "Los vertidos tristemente existen, pero no solo se han pagado las multas, sino que se han iniciado los trámites para solucionarlo", incidió.
Poco después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Getafe imputara a la regidora, "aparecía de la nada un proyecto del año 2016 para la sustitución de las estaciones", afirma Roberto Benítez, presidente de Impulsa Getafe. Desde ese momento, agrega, parece que el Ayuntamiento "ha iniciado una carrera frenética por construir las dos EBAR". Según el partido, este movimiento obedecería a una "huida hacia adelante para eludir mantener su imputación en los juzgados y evitar la apertura de juicio oral".
Coronavirus en las aguas
Los vecinos del Caserío del Henares remitieron a la Fiscalía de Medio Ambiente su denuncia por las presuntas "irregularidades" de los pliegos e Impulsa Getafe la ha incorporado a su querella. Mientras el litigio se resuelve, los problemas asociados a los vertidos no cesan.
El Seprona detectó Covid-19 en las aguas residuales vertidas sobre el Manzanares tras realizar muestreos en la zona el pasado 12 de mayo, aunque los hechos no se hicieron públicos hasta el mes de julio. En su atestado, determinaban que los resultados "muestran que se está poniendo en riesgo la salud de los vecinos de cada uno de los ayuntamientos que desempeñan sus actividades en las cercanías del río y de aquellos que vivan o trabajen aguas abajo al no adoptar las medidas de gestión adecuadas de las aguas residuales del municipio".
El informe de la Guardia Civil destacaba, a su vez, que otro de los riesgos asociados con la existencia de las aguas contaminadas residía en la posibilidad de producción de aerosoles "que como ha ocurrido en distintas ocasiones con el SARS actuarían como fuente de riesgo de exposición para la sociedad". Una gestión inapropiada de estos residuos podría entrañar riesgo de generación de brotes "incluso aunque se tomen las medidas de cuarentena para aislar a las personas infectadas".
Este último problema ligado a la pandemia parece evidenciar la necesidad de actuaciones inmediatas para paliar los efectos nocivos sobre la salud y la calidad de vida de los vecinos de Perales del Río y poblaciones aledañas que puedan causar los vertidos. Resta saber si se adoptará una solución que satisfaga a todas las partes.
Si (
No(
