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Protestas de los afectados por la venta de vivienda pública a fondos buitre.
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Protestas de los afectados por la venta de vivienda pública a fondos buitre. (Foto: Kike Rincón)

Blackstone pone a la venta las viviendas sociales enajenadas por Ana Botella

Por Javier López Macías
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jlopezmadridiarioes/6/6/18
miércoles 24 de abril de 2019, 13:19h
El fondo de inversión Blackstone ha comenzado la venta de una parte de los pisos sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda Social (EMVS) que el anterior equipo de Gobierno municipal, dirigido por Ana Botella, vendió por un precio inferior a su valor de tasación. La operación, además, le costó una condena del Tribunal de Cuentas a la anterior regidora.

En 2013, en plena crisis económica, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, decidió vender de 1.800 viviendas públicas protegidas (más otras tantas plazas de garaje y 1.500 trasteros) al fondo buitre Blackstone por un importe de 128,5 millones de euros, muy por debajo de los 151 millones que, según la tasación oficial, valían entonces.

Por esto, el Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora y a siete de sus colaboradores en el Consistorio por incurrir en una “negligencia grave” que derivó en una multa de 25 millones de euros. Sin embargo, no se acometió la reversión de la operación y ahora la compañía americana ha comenzado un proceso de venta de algunas de ellas.

Según adelanta el diario económico Cinco Días, es el proceder habitual de empresas de este tipo: comprar y esperar seis o siete años hasta que se dé un ciclo alcista. En este sentido, Blackstone tendría decidido además deshacerse de todos estos bienes a medio plazo.

Es una vergüenza”, explica José Manuel Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha declarado que, cuando se produzca la venta de las viviendas enajenadas, “se podrá cuantificar el valor del agujero que le ha supuesto al Consistorio la venta a ese fondo buitre”.

En este sentido, ha recordado la condena a Botella y ha aclarado que, aunque el Ayuntamiento ha comenzado el proceso de nulidad de la venta de esos bienes, depende del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, “que son los mismos que vendieron las casas del IVIMA”, la empresa de la vivienda regional.

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