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Piden 15 años para los 'grapos' que pusieron una bomba en Madrid

Piden 15 años para los "grapos" que pusieron una bomba en Madrid

Por MDO/Efe
domingo 11 de noviembre de 2007, 00:00h
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 15 años de cárcel para los miembros de los GRAPO Fernando Silva Sande e Israel Torralba, por la colocación de un artefacto explosivo el 10 de junio de 2000 en la sede de una empresa de trabajo temporal en Madrid.
Con vistas al juicio, que se celebrará este jueves en la Audiencia Nacional, el fiscal Luis Barroso sostiene que sobre las 06.45 horas de la citada fecha se produjo una explosión en un edificio situado en el paseo de las Delicias donde tenía sus sedes las sociedades "Staffins Services" y "Mego-Card" y la empresa de trabajo temporal "Olsten".

Esta última concentró la mayoría de los daños materiales provocados a causa de la explosión, aunque también se registraron daños en el inmueble y en vehículos estacionados junto al edificio.

Utilizaron un temporizador
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, los procesados intervinieron en esa acción como miembros de los GRAPO y dentro de la campaña que estaba llevando esta organización contra las empresas de trabajo temporal.

En concreto, detalla el escrito, Torralba -detenido en Bilbao en febrero de 2006, activó el artefacto explosivo a través de un temporizador de los utilizados entonces por la banda, que además "coincide" con el material incautado en noviembre de 2000 en el domicilio de París de la "grapo" María Victoria Gómez Méndez.

Silva Sande, que fue entregado definitivamente a España por las autoridades francesas el pasado 23 de octubre, suministró el material necesario para el funcionamiento del artefacto explosivo y los ingredientes del mismo.

Delito de terrorismo

La acción terrorista fue reivindicada por los GRAPO el 8 de noviembre de 2000 a través de diversos comunicados que enviaron a diferentes medios de comunicación.

El fiscal estima los hechos como constitutivos de un delito de estragos terroristas y por ello pedirá 15 años de cárcel para cada uno de los acusados y, alternativamente, dos años de prisión y una multa de 3.240 euros si se considera un delito de daños.

Además, los procesados deberán abonar casi 44.000 euros en concepto de indemnización por los daños materiales ocasionados.
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