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Actual campo de golf dentro de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II en Chamberí.
Actual campo de golf dentro de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II en Chamberí. (Foto: Golf Canal.)

Ignacio González medió para adjudicar el campo de golf de Chamberí a su hermano

Por MDO/E.P.
sábado 22 de abril de 2017, 18:55h
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, intercedió para conceder a una empresa de su hermano y su cuñado la construcción de dos campos de golf en Chamberí cuando era 'número dos' de Esperanza Aguirre en el Gobierno regional.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González intercedió para que el gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente de su Consejo de administración.

El magistrado de la Audiencia Nacional instructor de la Operación Lezo Eloy Velasco concluye en su auto que González tramitó una comunicación desde el consejo de la empresa de agua madrileña al gobierno regional resaltando que estaba al frente del Canal y que era vicepresidente del Ejecutivo regional en ese momento.

El objetivo era conseguir que se aprobara el nuevo proyecto para Chamberí (el originario se basaba en parques públicos, un campo de fútbol y un pequeño helipuerto) pese a que el Consistorio de la capital advirtió en 2006 que esta solicitud no era acorde a las normas de urbanismo.

El proyecto siguió adelante gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que la mejor oferta provenía de otro licitador que le aventajaba en 11 puntos. Dicho consorcio estaba integrado por varias empresas, entre ellas Tecnoconcret, participada por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero.

Intereses particulares

Por ello el magistrado, que decretó anoche prisión provisional tanto para González (bajo fianza de cuatro millones de euros) como para Caballero (al que le impuso fianza de 100.000 euros) concluye en su auto que estos hechos ponen de manifiesto que existió un "riesgo potencial de manipulación en la adjudicación del contrato que pudo permitir a los investigados orientar el procedimiento a sus intereses particulares".

Además precisa que a pesar de desvincularse "formalmente" del consorcio, Tecnoconcret declaró ventas a Green Canal Golf entre los años 2007 y 2012 por importe de 623.000 euros por lo que la sociedad siguió facturando en el periodo en el que estaba participada por el entorno de González.

De manera paralela a los ingresos, se detectaron "importantes movimientos de dinero en efectivo" en las cuentas de dicha sociedad, el de mayor cantidad el efectuado entre 2008 y 2011 por más de medio millón de euros. También se registraron disposiciones de efectivo por parte de los socios José Antonio Clemente Martín y Fernando Manuel Serrano Fuentes.

González lo negó

Pese a lo indicado en el auto González negó en 2007, siendo vicepresidente primero del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, haber adjudicado el proyecto a alguna empresa en la que figuraran familiares suyos y, de hecho, retó a quien considerara que había delito en esta operación que lo denunciara ante la justicia.

Además, destacó entonces que el beneficiario del contrato para gestionar dicha instalación, que abarcaba las zonas para practicar golf, pádel y fútbol, fue decidido "por unanimidad" del Consejo de administración de la entidad hidráulica.

González aseguró que él no hizo la propuesta de adjudicación para conceder el contrato a la UTE (formada por Tecnoconcret, Soto Once e Iridium), sino que fue "elevada" por "los servicios técnicos del Canal de Isabel II, las mesas de contratación", de las que él, recalcó, "no formaba parte", en una respuesta al PSOE, que pidió su comparecencia en la Asamblea.

También hizo entonces hincapié en que el Canal "en su día hizo un concurso público para la adjudicación de la instalación deportiva" de Islas Filipinas que recibió unas "diez" ofertas y de las cuales se eligió "la mejor". En este punto, insistió en que, "en contra de lo aparecido en algunas informaciones", la UTE adjudicataria "no se vio beneficiada de ningún aumento de precio, sino todo lo contrario".

"Aumentó el canon del dinero que iba a percibir el Canal, prácticamente lo multiplicó por algo más del doble, por lo tanto, suponía mayores ingresos para el Canal", argumentó, al tiempo que defendió que el Canal de Isabel II no había hecho ninguna adjudicación a ninguna empresa donde hubiera algún familiar suyo.

Frente a esas acusaciones, el entonces presidente del Canal de Isabel II sugirió que si "alguien" consideraba que "alguna actuación administrativa" de dicha empresa pública pudiera ser "delictiva" y tenía "pruebas de ello", que lo denunciara ante la Justicia para "analizarlo".

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