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Café Galdós
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Cierres, traslados e incertidumbre en los comercios madrileños por el fin de la renta antigua

jueves 15 de enero de 2015, 07:30h
El cierre de comercios por el fin de la renta antigua comenzó el 1 de enero y aún no ha terminado. En muchos casos los negocios siguen abiertos, aunque la preocupación continúa detrás del mostrador de madera o la vieja barra de bar a la espera de noticias, mientras que en otros se ha podido solucionar. Se estima que hay unos 9.000 locales madrileños afectados por la entrada en vigor de la ley Boyer que han bajado la persiana o continúan luchando por su futuro.

La juguetería Tienda Así de Gran Vía, la floristería La Gardenia, la pastelería Jófer o la camisería Hernando han echado el cerrojo con el comienzo de enero, como otros muchos locales más o menos conocidos en Madrid y en el resto del país. La causa es el fin de la renta antigua, es decir, de los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985, recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

Solo en Madrid, se cree que unos 9.000 establecimientos (con unos 25.000 empleados) han cerrado o todavía corren peligro, según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Esta cifra, en cualquier caso, rebaja los 30.000 de los que se hablaba inicialmente, ya que muchos han podido acogerse a alguna de las cláusulas de la conocida como ley Boyer o han conseguido negociar un nuevo precio para continuar en el local. Así, muchos de los casos que han saltado a la luz pública tendrán un final feliz, al menos por el momento. Es el caso, por ejemplo, del Café Central que va a acogerse a que el local fue traspasado en 1981, por lo que la ley le da cinco años más de margen. Lo mismo sucede con la Bisutería Otero, de 1905, o Mármoles Molinero, de 1825, que podrán continuar.

"Estamos tanteando a los propietarios para ver si están dispuestos a negociar", asegura Almudena Sarco, dueña de la Bisutería Otero, establecimiento que mantiene el espíritu y el mobiliario de las antiguas tiendas madrileñas. En cualquier caso, espera noticias más tranquila que hace un tiempo, después de conocer que tienen derecho a cinco años de alquiler debido a la actualización de la renta que se aplicó en 1995, en aplicación de una de las cláusulas de la ley Boyer, junto con los traspasos o los locales a nombres de personas físicas. "Vamos a seguir como hemos hecho siempre, vendiendo productos que no sean basura y haciendo del centro un destino de turismo de calidad", explica Sarco, que mantiene su particular lucha contra la homogenización de la globalización, que, por supuesto, afecta a la calle Mayor de la capital como al otras calles mayores de España.

También está más tranquilo Valentín Molinero, que tiene una pequeña tienda de mármoles en la plaza de Tirso de Molina. Al haber haber recibido la titularidad de un familiar tiene derecho a continuar hasta su fallecimiento y con una de las rentas más bajas que se pueden encontrar en Madrid: 16 euros cuando el local de 60 metros cuadrados (sótano incluido) está valorado en unos 1.200. "Es injusto para el propietario", reconoce. Lo habitual, no obstante, es que los precios de renta antigua para locales de unos 100 metros ronden los 150 euros de media, según la abogada María Teresa Campuzano, que ha asesorado a la Asociación de Comercios Centenarios de Madrid, pero también a otros que sin ser tan antiguos, tienen renta antigua. Por su parte, UPTA asegura que pueden llegar a superar los 1.000 euros. 

De bares

Otros negocios, entre los que se encuentran también hostales, talleres o establecimientos de alimentación y restauración, continúan abiertos aunque con la incertidumbre de si podrán seguir. Así sucede en dos de los bares más conocidos del centro por su precios populares, el bar Noviciado y el Lozano, que aún no saben si conseguirán llegar a un acuerdo con los dueños de los bajos que ocupan. "El alquiler del local pasa de 400 a 2.000 euros mensuales. Veremos si podemos negociar un alquiler razonable antes de plantearnos cualquier otra opción", explica José Villamayor, propietario del Lozano, abierto en 1975. En la misma situación están en la tienda de licores Mariano Madrueño, abierta en 1895, o en el Asador Aranduero de la calle Salustiano Olozaga.

"Hemos tenido un plazo de 20 años para poder ponernos al día. Hay casos flagrantes en que los que el gran perjudicado es el dueño y otros en el es el empresario. Por eso, desde COCEM mantenemos una postura equidistante y creemos que hay valorar caso por caso", mantiene Luis Pacheco, presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid. El fin de la renta antigua supone "un grave prejuicio para algunos emblemáticos comercios de nuestro glorioso pasado", reconoce, aunque defiende que "el plazo ha sido justo". Sin embargo, UPTA pedía alargarlo a la vista de que muchos negocios continuaban las negociaciones para facilitar su asesoramiento. En la Asamblea de Madrid, se rechazó la propuesta. César García, secretario de Política Institucional de UPTA, denuncia que se tendría que haber hecho un estudio de mercado sobre el precio de los alquiler para evitar abusos.

Según la abogada María Teresa Campuzano, muchas negociaciones se han cerrado con un precio inferior al del mercado. Si una empresa estaba pagando 300 euros por un local y el arrendador quería actualizar el alquiler a 5.000 euros, finalmente se ha pactado por 2.500. "Todos los casos que hemos llevado han terminado en acuerdo. En algunos porque el arrendatario podía continuar en el local, pero en la gran mayoría hemos negociado arrendamientos bastante buenos. Estos comercios tienen la garantía de que llevan generaciones en los locales pagando el alquiler", afirma Campuzano. Y es que a un nuevo arrendatario se le puede pedir una renta mayor, pero también pesa la incertidumbre de su continuidad y de si será buen pagador. "Van a cerrar los que iban a cerrar o gente muy mayor que no ha encontrado relevo generacional", asegura.

Persianas bajadas

Algunos no han podido asumir la subida y han decidido trasladarse a locales cercanos, como la tienda de modelismo Bazar Matey (que estaba en Fuencarral 127 y ahora en Santísima Trinidad,1) o la Unión Bolsera Madrileña (a partir de marzo en Colegiata, 10). Con el cierre de sus viejas sedes se perderá parte de la historia madrileña, reflejada en los tradicionales letreros o las antiguas vitrinas de sus escaparates. "Intentaremos llevarnos algo de ese aire, pero estos cierres van a hacer que se pierda la identidad de la ciudad", señala todavía desde Tirso de Molina el responsable de este negocio fundado en 1928.

Pero también hay otros que se han visto abocados al cierre. "Lo peor de esta situación es que hay muchos negocios que estaban funcionando y dando empleo que van a cerrar, y los costes sociales los vamos a pagar a todos", se quejan desde la asociación de autónomos. El Café Galdós era uno de ellos. En su caso no ha sido posible la negociación sobre la renta (ya pagaban 2.200 euros) porque el dueño llevaba años sin alquilar los locales y viviendas que quedaban vacíos en el edificio. "En ruina no está, así que querrá vender", explica Ramiro González, responsable del bar que, desde 1982, ofrece bebida y comida acompañadas por música o exposiciones junto al Congreso de los Diputados. "Entiendo que los propietarios no pueden cobrar en algunos casos unos pocos euros, pero el fin de la renta antigua se está utilizando para pedir precios desorbitados, que al final solo pueden pagar franquicias y demás. El problema es que una ciudad como Madrid, que tiene una historia y una imagen, la va a perder. La globalización era para abrir la ciudad, pero al final son siempre las tres mismas marcas", sentencia Rodríguez, quien a pesar de la tristeza del cierre alberga la ilusión de poner en marcha otro proyecto.

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