La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid reclama la paralización del decreto regulador de las viviendas de uso turístico que prepara la Comunidad de Madrid. La Consejería de Empleo y Turismo argumenta que la nueva regulación da garantías a los turistas, atrae visitantes, da oportunidades de negocio y ofrece garantías en el sector.
Tal y como explicó el presidente de esta organización empresarial, Antonio Gil, el nuevo borrador propuesto por la Consejería de Empleo minimiza las condiciones necesarias para poner en marcha una vivienda de estas características, "facilitando el instrusismo, reduciendo la seguridad, sin frenar la economía sumergida y sacrificando la vida vecinal". En concreto, explicó que la normativa permitirá que con la presentación de una declaración responsable, un plano de la vivienda, un número de teléfono y la inscripción en el registro de empresas turísticas, estos pisos puedan realizar actividades turísticas.
El sector requiere que ofrezcan mayores garantías de habitabilidad, de seguridad y emergencias, requisitos técnicos, el cumplimiento del código técnico de edificación, la protección de los derechos del consumidor y la exigencia de un mínimo de noches de reserva, así como que sea imprescindible para su implantación el acuerdo previo de la comunidad de vecinos.
A su juicio, esta liberalización provocaría un efecto llamada que multiplicaría de 8.000 a 24.000 este tipo de viviendas de uso turístico, casi duplicando la oferta hotelera, sin duplicar el interés turístico de la región, lo que provocaría una situación "catastrófica" para el sector, traducida en una mayor caída de precios, una crisis y una destrucción del 20 por ciento de puestos de trabajo en el sector (unas 3.000 personas), sin generar empleo alternativo. Además, ha abundado que, además de particulares, los mayores interesados en esta liberalización podrían ser grandes empresas que sacarían al mercado turístico viviendas sin tener que cumplir las especificaciones legales y técnicas que cumplen hoteles y hostales.
Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos turísticos de España (Fevitur) manifestó, por contra, que el decreto marca la vía correcta para el sector, ya que responde a la realidad del mercado actual. Respecto a la postura de la industria hotelera, manifestó que quiere una regulación "restrictiva y excluyente" que muy pocos puedan cumplir. "Lo que quieren es mantener su posición de dominio y control sobre el alojamiento turístico en España y erradicar un competidor que perciben como una amenaza por su elevada demanda entre viajeros nacionales y extranjeros. Bajo el paraguas de querer un mínimo de condiciones y una regulación justa lo que realmente demandan son requisitos imposibles de cumplir por las viviendas ubicadas en edificios residenciales", sentenció.
La viceconsejera de Turismo, Carmen González, explicó a Madridiario que la regulación de las viviendas turísticas da garantías a los turistas, contribuye a atraer nuevos visitantes y ofrece nuevas oportunidades de negocio a los empresarios madrileños. Apostilló que esta regulación responde a un mandato del Estado (Ley 4/2013 de 4 de junio) y a una demanda ciudadana, y pretende ordenar las más de 6.000 viviendas que en la actualidad se ofrecen a los turistas, de manera alegal, para ofrecer garantías a los turistas que las contratan. En concreto, las viviendas turísticas deberán ofrecer garantías de seguridad, sanitarias y contar con un seguro de responsabilidad civil, hojas de reclamaciones y un teléfono de atención al huésped que funcione las 24 horas. "Es una actividad que está ahí y que hay que ordenar. De hecho, su regulación ofrece una alternativa de calidad a turistas que viajan por el mundo contratando este tipo de alojamientos, y pone a Madrid al nivel de destinos como París, Berlín o Londres, incluso con más garantías para el usuario", sentenció.
Además, concretó que, al quedar regulada, se generarán nuevas oportunidades de negocio para los empresarios madrileños. La regulación pretende evitar la competencia desleal con otros alojamientos turísticos, como los hoteles, y asegurar que quienes explotan estas viviendas paguen sus impuestos como cualquier otro ciudadano que tiene un negocio. El borrador de decreto, que se está terminando de perfilar y que aún debe tener el informe del Consejo Consultivo, regulará la modalidad de alojamiento en pisos de propiedad privada que no está amparada por ninguna normativa. El texto define las viviendas de uso turístico como viviendas, pisos o apartamentos que se pueden ofrecer al público de forma integral (no por habitaciones), y los engloba en una sola categoría. Tendrán carácter de alojamiento turístico, por lo que quedarán inscritas en el Registro de Empresas Turísticas, deberán tener una placa distintiva y los precios tendrán que estar expuestos en un lugar visible a la entrada. Las viviendas de uso turístico no podrán utilizarse como residencia permanente. El inicio de la actividad estará sujeto a la presentación de declaración responsable.
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