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Hablar de vivienda es hablar de personas

Por Loreto Ruiz de Alda
lunes 17 de febrero de 2014, 12:59h

Nada más ser nombrada responsable de UPyD en temas de Vivienda en la Asamblea de Madrid, fui consciente de los enormes problemas que presentaba esta competencia en nuestra Comunidad Autónoma, y cómo el Gobierno del Partido Popular con sus decisiones y políticas no hace sino empeorarlos.

A nadie se nos debe olvidar que la vivienda tiene un importante componente social, en cuanto bien imprescindible para el desarrollo de la experiencia vital, y que cualquier iniciativa o actuación que se ponga en marcha sobre la misma tiene una incidencia directa o colectiva sobre las personas que componemos esta región.

Hace varios días, estuve con un vecino de Madrid que me confeso cómo sus preocupaciones se han convertido en una pesadilla por una "maldita" ayuda que el Gobierno de Esperanza Aguirre vendió a cientos de madrileños animándoles a instalar ascensores en sus comunidades de vecinos y ahora no reciben. Y como él, hay mucho más.

No solo están los que "cayeron" con los ascensores, sino también quienes se embarcaron en préstamos para la rehabilitación de sus comunidades con el sello y confianza de la Consejería de turno y ahora ven cómo bancos y empresas les reclaman la financiación, amenazándoles con embargos. Y los que solicitaron el "cheque vivienda". Y a los que se les deben las cuotas de las comunidades de vecinos. Y los que la convivencia en sus comunidades se ha vuelto imposible por la ocupación irregular de viviendas que incomprensiblemente están vacías.

Demasiados damnificados por un Gobierno de la Comunidad de Madrid al que solo le interesa salir en las noticias vendiendo sus supuestas medidas sociales, sin cumplir luego sus compromisos más que con las concesionarias de carreteras, "metros ligeros" u hospitales.

Para colmo, en octubre del 2013, al Instituto de la Vivienda de Madrid no se le ocurre otra cosa, para resolver sus problemas financieros, que vender 2.935 viviendas en una operación que pone en bandeja de plata a un fondo privado un suculento beneficio, a costa del dinero que hemos invertido todos los madrileños en su construcción.

Y lo último de lo que nos hemos enterado, es que los inquilinos de esas viviendas con reducción de renta no van a poder solicitar su renovación,al amparo del decreto 226/1998 que las regula, por haber dejado de ser patrimonio del IVIMA. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, ahora de Ignacio González, va tomando decisiones, una detrás de otra, sin acordarse de que hablar de vivienda es, sin duda, hablar de personas.

Loreto Ruiz de Alda, diputada de UPYD en la Asamblea de Madrid

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