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Concentración contra la reforma de la ley del aborto en la sede del PP
Concentración contra la reforma de la ley del aborto en la sede del PP

El PSOE pide al PP ibertad de voto para las diputadas populares en el debate del aborto

Por MDO/E.P.
viernes 20 de diciembre de 2013, 17:50h
El PSOE ha pedido que el PP deje libertad de voto a las 76 diputadas populares cuando se debata la reforma de Salud sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Parlamento. Elena Valenciano, número dos del PSOE, ha afirmado que el Gobierno va a asestar un golpe muy duro a la ya difícil vida de las mujeres españolas. El Colegio de Médicos y las clinicas autorizadas para practicar aboertos tachan el anteproyecto de retroceso y de obstáculo al aborto.

La 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado su "radical" oposición a la reforma de Salud sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y ha apelado a la conciencia de las 76 diputadas del PP, además de solicitar al Grupo Popular libertad de voto o voto secreto, para que la Ley no salga adelante en el Parlamento."Es una ley innecesaria, cínica e injusta porque golpea sobre la autonomía de las mujeres que van a tener que pedir permiso para ejercer su maternidad libremente", ha asegurado en la sede de Ferraz, tras mantener una reunión de urgencia con miembros de la dirección del partido ante la aprobación este viernes de la citada reforma.

A su juicio, la reforma de la Ley del Aborto supone una "contrarreforma" nadie conoce dado que el Gobierno ha trabajado en el "más absoluto oscurantismo". A pesar de ello, se ha mostrado "segura" de que esta reforma legislativa va a acabar con los derechos de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad. "El Gobierno va a asestar un golpe muy duro a la ya difícil vida de las mujeres españolas que llevan tiempo decidiendo sobre sus vidas y por ello es evidente que será un retroceso que va a ser rechazado por la inmensa mayoría de los españoles", ha remarcado.

Por su parte, la exministra de Sanidad Trinidad Jiménez, responsable de la actual Ley de Plazos, ha recordado que en 2010 se reformó la ley después de 30 años porque era necesaria adaptarla a la normativa europea, a las recomendaciones de la OMS y de la ONU, y ha añadido que da mayores garantías a las mujeres y a los profesionales."No queremos retroceder en otros campos como en la salud. Apelamos a la condición de mujer y a nuestra capacidad de decidir y que no coarten nuestra libertad", ha remarcado.

Mientras, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha denunciado que, según datos de la OMS, al año mueren 47.000 mujeres por abortos clandestinos e inseguros. "No queremos que las mujeres españolas aumenten estos datos y se vean abocadas a abortos clandestinos e inseguros con esta nueva ley que plantea el Gobierno del PP", ha recalcado.

Peor que la ley de 1985

La presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha señalado que la reforma es "incluso peor en cuestión de restricción de derechos y de endurecimiento de las condiciones del aborto" que la regulación de 1985, y ha advertido de que "va a generar una situación de imposible cumplimiento", arrastrando a las mujeres a "una situación de aborto clandestino o de turismo abortivo difícilmente explicable".

Soleto, que ha subrayado que la reforma "lejos de arreglar cualquier recomendación de la ONU, como dice el ministro, es de imposible cumplimiento", ha denunciado que el proyecto implica una "tutela intolerable" de los derechos de las mujeres y plantea "una chapuza jurídica" en el tema de las malformaciones fetales.

"Se confirma el peor escenario para el respeto al derecho de las mujeres y la salud sexual y reproductiva de las mismas", ha indicado. Por todo ello, Soleto ha tachado de "profundamente dura y restrictiva" la propuesta y ha apuntado que "no representa a la población española", que en más de un 50 por ciento defiende el derecho de las mujeres a decidir.  Igualmente, ha indicado que la reforma transmite una "profunda desconfianza con el funcionamiento normalizado del sistema sanitario", ya que el incremento de los controles "da la sensación de presunción de falta de rigor y profesionalidad en lo que se ha venido aplicando hasta ahora".

"Volvemos a la situación de 28 años", dicen los médicos

Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha destacado que el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada aprobado por este viernes en Consejo de Ministros introduce "cambios muy importantes y trascendentales" en la regulación del aborto que deberán ser analizados de forma pormenorizada por esta entidad antes de emitir una valoración institucional.

"Volvemos a la situación de hace 28 años", ha reconocido el presidente de la OMC y ha indicado que la organización debe analizar el contenido de la norma conjuntamente con su Comisión Deontológica. No obstante, ha reconocido que por el momento no se ha fijado fecha para reunirse y analizar el anteproyecto.

Y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) asegura que el anteproyecto de la nueva ley del aborto aprobado este viernes en Consejo de Ministros "acaba con un derecho básico y fundamental de la mujer" al tiempo que establece unos supuestos para acceder a esta prestación que, para esta entidad, son "prácticamente imposibles de cumplir".

Según han apuntado, ningún profesional sanitario puede determinar objetivamente si el conflicto psicológico que en una mujer genera un embarazo no deseado o una patología grave o incompatible con la vida puede ser solucionado sin recurrir al aborto y "mucho menos determinar si esa afectación se prolongará en el tiempo", tal y como señala el texto."Es la mujer, y solo ella, la que tiene que saber si puede sobrellevar o no la disfunción psicológica y vital que tal situación le puede suponer", recuerda ACAI.

Asimismo afirman que el establecimiento de centros públicos acreditados expresamente para emitir dictámenes, informes preceptivos y asesoramiento a las mujeres, distintos a los que realizan la propia intervención, implica "someter a las mujeres al arbitrio ideológico de los profesionales que lo integren".  Además, avisan de que en función de quienes formen dichos comités estos se pueden convertir en "auténticos centros de estigmatización y culpabilización de la mujer", con el objetivo de hacer desistir a esa persona de su intención de abortar "aunque su situación psicológica, personal, e incluso física hagan recomendable la interrupción de su gestación, cuando además así lo desea".

Las clínicas también critican todos los mecanismos burocráticos que se introduce el Gobierno para poder abortar, que "llevarán muy probablemente a la mujer a una semana de gestación alta que incida en la posibilidad legal de interrumpir su gestación por plazos, e incluso por evolución gestacional".Según ACAI, esta nueva regulación llevará a las mujeres a seguir ejerciendo "voluntariamente" su decisión de abortar pero "desde la clandestinidad y el éxodo abortivo".

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