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Lourdes Cavero e Ignacio González
Lourdes Cavero e Ignacio González

Imputada la esposa de González por el ático de Marbella

miércoles 18 de diciembre de 2013, 07:51h
La juez de instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Mariana Peregrina, ha imputado a Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad, Ignacio González, por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales y delito fiscal por el caso del ático de Estepona del que disfruta la pareja. La magistrada se inhibe en el Juzgado central de Instrucción pero indica que, en el caso de que se produjera la imputación de Ignacio González sobre el que ese juzgado no tiene competencia por estar aforado, la competencia le correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Anticorrupción recurrirá el auto de imputación de Cavero por entender que está "mal fundamentado".

En su auto fechado el pasado 16 de diciembre, la jueza Mariana Peregrina Blanco, sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, indica que se tiene como imputados a la compañía Investor LLC, vendedora del ático número 11 del bloque 11 de la fase III del complejo residencial "Alhambra del Golf", y a Lourdes Cavero como comprador. Aunque no lo incluye los motivos, el auto tiene continuas referencias a los supuestos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La jueza acuerda asimismo inhibirse a favor del Juzgado Central de Instrucción que corresponda por turno de reparto, a pesar de indicar que en el caso de que se imputada a Ignacio González la competencia correspondería al TSJM.

Según el auto, se recuerda que el 4 de octubre, el presidente de la Comunidad solicitó que se le reconociera como parte en el proceso, a lo que se opuso el fiscal. Asimismo, la magistrada reconoce que ante el "riesgo de producirse indefensión" en el caso de Cavero y González, "se ha querido practicar unas primeras diligencias antes de proceder a su imputación". La jueza se lamenta, sin embargo, de que "dados los medios existentes" para practicar estas diligencias inmediatamente "con la dificultad adicional que supone la cooperación internacional, solo ha sido posible las prácticas de las que se han acordado en el territorio nacional". La magistrada indica que la comisión rogatoria enviada a Londres "fue devuelta sin cumplimentar ni traducir" y a Estados Unidos cuyos resultados están siendo traducidos para su remisión.

El auto indica que "se debe pues tener como imputados y partes a Coast Investor LLC y a doña Lourdes Cavero Mestre; no obstante, la condición de imputado de D. Jaime Ignacio González González no se la puede atribuir la instructora, al carecer de competencia, pese a darle traslado de las actuaciones con el fin de evitar indefensión y de que pueda instar lo que a su derecho interese, pese al informe desfavorable del Ministerio Fiscal".

Entre los razonamientos jurídicos, la magistrada afirma que no le corresponde la instrucción de "un supuesto delito contra la Hacienda Pública" y "un supuesto delito de blanqueo de capitales, provenientes de unas supuestas comisiones, producido con anuencia de una entidad extranjera 'ad hoc', con una estructura organizada y para cuya comisión se ha podido emplear una organización también 'ad hoc' cuales son sociedades fiduciarias opacas, que pueden ser legales en el país donde tienen su sede pero que pueden servir expresamente para la comisión del citado delito".

La causa comenzó con una denuncia presentada ante ese juzgado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), según la cual el citado ático es propiedad del presidente madrileño a través de sociedades interpuestas. La denuncia sostiene que el piso fue comprado en 2008 por un fiduciario llamado Rudy Valner, en nombre de la sociedad Coast Inverstors, por un millón de euros. La denuncia añadía que Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, alquiló el piso mediante un contrato de larga duración por 2.000 euros al mes, precio situado muy por debajo de los alquileres de la zona. El SUP afirmaba incluso que González ni siquiera paga ese alquiler.

Poco después de que la denuncia fuera admitida por el juzgado, el presidente de la Comunidad de Madrid admitió que a finales de 2012 había comprado, por 770.000 euros, el ático. Según la escritura, Cavero adquirió el 80 por ciento del piso (566.000 euros) e Ignacio González el 20 por ciento restante (154.000 euros). Ambos tienen separación de bienes.

En su auto, la magistrada de Estepona recuerda que el fiscal se opuso a que se aclarara la situación de Coast Investors LLC en 2008 al considerar que con el Código Penal entonces en vigor no contemplaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero como esta empresa intervino hasta diciembre de 2012 en el alquiler de la vivienda y en su venta a Cavero y González, la entidad ya puede ser imputada con el nuevo Código Penal.

Anticorrupción recurrirá

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto recurrir antes de que termine esta semana por mal fundamentado el auto que imputa a Lourdes Cavero. Fuentes de Anticorrupción aluden a que el recurso obedece a lo endeble de los razonamientos del auto de la magistrada Mariana Peregrina Blanco, que ocupa apenas dos folios. El recurso está previsto que se presente este jueves o, a más tardar, el próximo viernes, según las mismas fuentes.

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