El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado esta noche la Proposición de Ley (PROPL) para la reforma de la ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid, que endurece el régimen sancionador y las responsabilidades que pesan sobre las personas, físicas o jurídicas, que infrinjan la norma y que permite que locales culturales, emprendedores y pymes abran con la presentación de una declaración responsable ante el Ayuntamiento.
La Proposición No de Ley (PROPL) para reformar la Ley de Espectáculos, que se gestó a raíz de la petición de Isabel de Fuente, madre de Cristina Arce, una de las chicas fallecidas la noche de Halloween en el Madrid Arena, ha sido aprobada en una sesión en la que la oposición ha criticado que las sesiones de pleno superen la medianoche.
Mediante esta ley no sólo las sociedades que infrinjan la ley podrán ser sancionadas, sino también sus gestores, cuando "quede claro que tienen una responsabilidad directa en la comisión de la infracción que puede llevar a la inhabilitación de la promoción de este tipo de actividades".
La norma contempla el posible decomiso de los ingresos de la actividad en la que se ha producido una infracción muy grave, de manera que "no se pueda producir un enriquecimiento ilegítimo e injusto como consecuencia de la promoción de un evento en que se han incumplido las normas de seguridad". Además, las multas pueden llegar a los 600.000 incluso, a los 900.000 euros si afecta a menores.
En concreto, las infracciones muy graves se doblan pasando a contemplar una multa de entre 60.001 euros a 600.000 euros y las graves pasan a tener una sanción de entre 4.501 y 60.000 euros.
Además, se publicará en el Boletín Oficial de Estado (BOE) y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la sanción de inhabilitación impuesta cuando la infracción tenga que ver con una concentración masiva de personas en un evento objeto de sanción. Así, todos los ayuntamientos tendrán conocimiento de esa posible sanción y "no se queda en el ámbito de un municipio la aplicación de esa sanción".
El dictamen aprobado este jueves contiene una enmienda del PSOE que permite que establecimientos públicos de creadores culturales, emprendedores, las microempresas y pymes puedan desarrollar su actividad presentando una declaración responsable ante el Ayuntamiento correspondiente.
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