Jaime Lissavetzky, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha arremetido este viernes contra la venta de 18 bloques con 1.860 viviendas que, según los socialistas, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ha vendido a un fondo de inversión, razón por la que el partido estudia emprender acciones legales.
"En el último consejo de administración de la EMVS apareció un tema escandaloso: se han vendido 18 bloques de viviendas con 1.860 pisos de protección social en zonas como Carabanchel, Vallecas y algún edificio en la zona centro", ha apuntado Lissavetzky, que ha remarcado que la EMVS ha actuado contradiciendo sus propios estatutos, ya que "tiene la obligación de propiciar que aquellos que tienen más dificultades accedan a una vivienda". Además, Lissavetzky ha alertado de que "con la nueva Ley de Arrendamientos urbanos posiblemente puedan ser desahuciados en tres meses. No queremos asustar a nadie, pero hay unos aspectos jurídicos que ponen en peligro a estas personas".
Revisión del Plan General
Por otro lado, el portavoz socialista ha hecho público el malestar del Partido Socialista por el plan municipal para legalizar los 22 desarrollos urbanísticos 'tumbados' por el Tribunal Supremo, motivo por el que su formación presentará una enmienda a la totalidad en el Pleno extraordinario del miércoles, en el que el Ejecutivo de Ana Botella legalizará estos crecimientos urbanos. El portavoz socialista ha asegurado que el plan "ha sido forzado a destiempo por el equipo de Gobierno del Partido Popular".
Lissavetzky ha señalado que por el momento y "por respeto a los ciudadanos", los socialistas madrileños no tienen previsto personarse en ningún juzgado contra estos planes de urbanismo aunque ha llamado la atención sobre la posibilidad de que un particular lo haga, como ha ocurrido en otras ocasiones. El portavoz socialista aseguró que se puede producir una "inseguridad jurídica que se sumaría a una chapuza técnica y a un abuso político.. Madrid es una ciudad sin ley y nosotros vamos a poner orden si nos toca gobernar en el 2015", ha agregado.
Por último, Lissavetzky ha criticado el dinero que "los madrileños han tenido que pagar por las sentencias que se han dictado en este tema contra el Consistorio" y, además, ha defendido que la postura de su grupo es "semejante" a la que sostienen asociaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y Ecologistas en acción o los sindicatos CC.OO. y UGT.
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