La participación ciudadana en Madrid ha sido dirigida por más de media docena de políticos en diez años. Con los últimos cambios en el Ayuntamiento pasa a ser competencia de Familia y Servicios Sociales.
Tras la
última reorganización del equipo de gobierno de
Ana Botella, a colación de una sentencia del Tribunal Constitucional que obligaba a la alcaldesa a prescindir de dos de sus delegados no electos —
Juan Antonio Gómez-Angulo y
Fernando Villalonga—, el Área de Familia y Servicios Sociales, dirigida por
Dolores Navarro, ha pasado a asumir las funciones de Participación Ciudadana, antes integrada en Economía y Empleo.
En la comisión ordinaria de la semana pasada, el coordinador general del área, Carlos Martínez Serrano, dijo afrontar esta nueva competencia "con entusiasmo". Según explicó en su intervención, el Ayuntamiento seguirá una política "de continuidad" basada en la promoción de la participación de los vecinos a través de los distritos, el fortalecimiento del tejido asociativo, la reconstitución de los consejos territoriales y la ampliación de consultas ciudadanas. Participación Ciudadana cuenta con un presupuesto para 2013 de 5,3 millones de euros que seguirá, según el responsable municipal.
La participación en Madrid ha sido gestionada por más de media docena de políticos desde 2003. La concejal de Izquierda Unida María del Prado de la Mata criticó que vaya "de mano en mano" y recordó que "necesita dinero para que sea activa". Además, pidió que se tomen iniciativas que la faciliten, como celebrar los plenos por la tarde. "La participación es la 'hermanita' pobre de este Ayuntamiento, no es real. Cuando los plenos de distrito se hacen a las 9 de la mañana impides que mucha gente pueda acudir", afirma.
Para el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui, la participación necesita de un "espacio propio" que sea independiente y tema que se trate directamente en Alcaldía. Además, avisa de que la ley de bases del régimen local que prepara el Gobierno de la Nación, que quitará competencias a los ayuntamientos, resentirá la participación. "Despojar a los ayuntamientos de competencias, que son la administración más cercana al ciudadano, va en detrimento de la democracia", concluye.
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