El Gobierno cree que la imputación de la infanta perjudica la imagen del país

La noticia de la imputación de la infanta Cristina ha causado "enorme preocupación" en el Gobierno, según ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García- Margallo, quien ha pedido que la situación jurídica de la infanta "se sustancie con rapidez" para perjudicar lo menos posible la imagen del país.

"Lo que pido es que esto se sustancie con rapidez porque, efectivamente, beneficiar no beneficia a la 'marca España", ha dicho el ministro. Tras precisar que el Gobierno y el PP "siempre han respetado las decisiones judiciales", "personalmente" y "como miembro" del Ejecutivo ha lamentado la imputación de la hija menor del Rey.

Por su parte, un portavoz de la Casa Real ha informado de que "tras tener conocimiento por los medios de comunicación del auto de imputación" que afecta a la infanta Cristina, y "con el máximo respeto por las decisiones judiciales", esta institución "quiere manifestar su sorpresa por el cambio de posición" del titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca.

Según argumenta el portavoz de la Casa del Rey, el juez Castro, en su resolución de este miércoles, modifica la posición inicial de no imputar a la infanta "mantenida en el auto de 5 de marzo de 2012, confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca".

"La Casa del Rey quiere también expresar su absoluta conformidad con la decisión anunciada por la Fiscalía Anticorrupción de recurrir este auto, en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad", subraya asimismo el portavoz.

Este miércoles, tras conocer la decisión del instructor del "caso Nóos" de imputar a doña Cristina y citarla a declarar el próximo 27 de abril, fuentes de la Casa del Rey se limitaron a señalar que no comentaban decisiones judiciales, pero por la tarde un portavoz sí trasladó una opinión en nombre de la institución.

Recurso de Manos Limpias
Su reflexión se sustenta en el contenido del auto dictado por el mismo juez el 5 de marzo de 2012, cuando rechazó imputar a la infanta a requerimiento del colectivo Manos Limpias. Aseguraba que hasta entonces no había encontrado ninguna prueba ni ningún testimonio que la implicara en las supuestas irregularidades detectadas en el Instituto Nóos.

Manos Limpias recurrió en reforma, pero el 21 de marzo José Castro desechó el recurso tras insistir en que desestimaba la imputación porque "hasta el momento" no se había constatado la existencia de indicios de criminalidad contra la infanta Cristina. También negaba que procediera así para no estigmatizar a la duquesa de Palma, al tiempo que señalaba que habría acordado la imputación "si hubiera existido indicios objetivos de criminalidad en su contra".

No había entonces, según su resolución, ninguna prueba ni ningún testimonio que implicara a la hija menor del rey en las supuestas prácticas anómalas detectadas en el Instituto Nóos. El posterior recurso de apelación llevó la cuestión hasta la Audiencia de Palma que, varios meses después, el 12 de julio de 2012, confirmó la decisión del instructor.

Además de reproducir los argumentos de Castro, el tribunal echaba en cara a la acción popular no haber expuesto en su recurso de apelación los delitos por los que reclamaba citar a la infanta. También advertía de que en el derecho penal las imputaciones tienen que ser "en positivo", es decir, basadas en delitos y hechos concretos, y no solo con el objetivo de que se investigue algún aspecto del proceso.

"Mala noticia"
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha tildado de "malísima noticia" para el país la decisión del juez José Castro de imputar a la infanta Cristina por su relación con el 'caso Nóos', tanto desde el punto de vista de la "imagen" como por la "repercusión" que puede tener.

"Me parece una malísima noticia para nuestro país. Ya tenemos una situación de bastante inestabilidad e incertidumbre que todo lo que sea profundizar en la inestabilidad de las instituciones importantes en nuestro país es malo", ha sostenido el presidente en una entrevista en esRadio.

Tras reconocer que "no se puede permitir robar ni hacer ninguna actividad delictiva en ningún caso" y señalar que para eso "está la justicia", González ha indicado que precisamente ésta "tendrá que actuar cuanto antes".

Así, ha considerado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, donde tiene que trabajar "más intensamente" es en que los procesos "no puedan eternizarse" y estén "cinco, siete o diez años abiertos" porque genera "una injusticia y una indefensión". Es necesario, ha dicho, que estos casos "se resuelvan "cuanto antes".