Cuando el Ministerio de Justicia aprobó la creación de una oficina para centralizar las investigaciones de los casos de adopciones irregulares, las asociaciones de afectados de España pidieron que las aportaciones de pruebas fueran totalmente gratuitas. Ahora, denuncian que el Ministerio dirigido por Ruiz-Gallardón, del que depende este registro, "está escatimando" los recursos económicos y han mostrado su descontento después de analizar las propuestas del ministerio.
Según el comunicado de ANADIR, entre 2011 y 2012 las víctimas de toda España han costeado las pruebas de ADN con un desembolso de 270.000 euros en los dos principales laboratorios privados que llevan las investigaciones. El departamento dirigido por Gallardón propuso que fuera el Instituto Nacional de Toxicología el que realizara la validación de las nuevas pruebas pero que los afectados tuvieran que seguir haciéndose cargo del primer análisis de ADN que se incorporara al banco.
"Los costes del Instituto Nacional de Toxicología por una huella genética son de 240 euros frente a los 100 euros de media en laboratorios privados", señala ANADIR. Esta asociación cree que la custodia y validación de las pruebas no puede depender de una sola institución ya que se han producido informes "contradictorios", según han denunciado algunos asociados.
Por otra parte, los afectados entienden que la Oficina de Atención a las Víctimas propuesta por el ministro es insuficiente para los miles de afectados que residen en otros puntos del territorio nacional y lamenta que las fiscalías de toda España no hayan recibido una línea básica de actuación con el fin de evitar el archivo masivo de los casos.
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