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El Defensor del Menor tramita 1.864 quejas en su último año

El Defensor del Menor tramita 1.864 quejas en su último año

Por MDO/E.P.
viernes 18 de mayo de 2012, 00:00h
El Defensor del Menor cesa su actividad en la Comunidad de Madrid. Desde que en marzo se anunciara la eliminación de la institución, para ahorrar, pocas han sido sus acciones. Este jueves se despidió presentando su informe anual en la Asamblea de Madrid, donde se recogen 1.864 quejas, la mayoría referentes a la integración social y protección jurídica.
El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid afirmó que la desaparición del Defensor del Menor es "triste" pero necesaria, mientras que PSOE e IU creen que no supondrá ahorro alguno. UPyD apoya la medida por consideran que es una institución "redundante".

Así lo manifestaron los diferentes grupos parlamentarios ante la exposición del informe anual de 2011 sobre la situación de los menores de la Comunidad. En un principio, este será el último informe del comisionado. La diputada del PP Beatriz Elorriaga defendió que se trata de un informe "muy completo y elaborado" en el que destacan los temas de educación y como en Sanidad "hay muy poca problemática en cuanto a quejas", por lo que es un "informe "alentador".

Por su parte, la diputada regional socialista Matilde Fernández afirmó que el informe presentado por Arturo Canalda —actual presidente de la institución— es "más completo y elaborado" que el del 2010 e integra más el trabajo a lo largo de los últimos años, recogiendo recomendaciones y propuestas sobre las quejas. Por eso, su Grupo quiso poner en valor, "por la ética del reconocimiento", una institución con 16 años de vigencia, "que va a desaparecer sin cumplir la mayoría de edad". "Los tres defensores, con su impronta y personalidad, han ido marcando un rumbo y estableciendo unas prioridades que es necesario remarcar", añadió.

La diputada madrileña de IU Pepa Amat manifestó por su parte que el informe no profundiza en los problemas concretos de los menores y sigue la línea de los informes pasados. Por otro lado, Amat ha criticado los argumentos de ahorro utilizados para defender el cierre de la institución. Así, ha señalado que los trabajadores del Defensor del Menor, los funcionarios, se establecerán ahora a la Asamblea, "pero se hará desaparecer a los interinos". Por último, el diputado de UPyD indicó que informe presentado por el organismo autonómico ha sido "muy completo" y que valoran su trabajo de todo el personal a las órdenes de Canalda. Sin embargo, insistió en que esta figura supone "una redundancia" y que sus funciones para salvaguardar los intereses de los menores madrileños las tiene que realizar el Defensor del Pueblo español.

1.864 quejas
En su último año, el Defensor del Menor ha tramitado 1.864 quejas en su último año de vida, la mayoría referidas a integración social y protección jurídica. En concreto, se trata de 885 referidas a integración social y protección jurídica; 704, a Educación y Desarrollo Sociocultural; 120, a Salud; 112, a Internet y 43, relativas al funcionamiento de la administración, lo que supone que un 47,5 por ciento de las quejas recibidas se referían a la integración social y protección jurídica del menor.

Del total de quejas, 575 proceden de municipios de la región, entre las que destacan los municipios de Móstoles, con 19; Rivas Vaciamadrid (17) o Torrejón de Ardoz (16). En la ciudad de Madrid se han producido 414 quejas, la mayoría (36) en Ciudad Lineal, distrito seguido por Puente de Vallecas (35) y Fuencarral-el Pardo (31). Los meses con más quejas recibidas han sido febrero, con 188 y mayo y noviembre, ambos con 184.

Además, se han abierto un total de 40 expedientes de oficio, de los cuales 32, se refieren a Integración social y protección jurídica; 5, a Educación y desarrollo socio cultural; dos, a salud; uno, a internet y ninguno al Funcionamiento de la Administración.

Menores desaparecidos
El Defensor aborda el caso de menores desaparecidos o sustraídos y señala que la Institución ha elevado una recomendación a la Cámara autonómica con el fin de que los grupos estimen su transformación en una iniciativa legislativa autonómica. En este documento se insiste en la necesidad de implementar las medidas propuestas en su día por esta Defensoría añadiendo como último punto el cumplimiento de la Disposición Final Decimoctava de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, sobre la modificación de la Jurisdicción voluntaria. Además, en el caso de la tutela o acogimiento, el Defensor espera que se aborde la reforma de la Ley del Menor, como ya ha dicho en años anteriores.

Problemas de escolarización en la Cañada
Además, el informe detecta un incremento de problemas sobre la escolarización de menores en la Cañada Real Galiana, así como un aumento de situaciones de riesgo de menores en el ámbito familiar debido a la crisis económica. El documento señala así que la crisis económica y social repercute en los menores de edad y sus familias como problema "reincidente" y que por ello las familias reclaman mayor atención por parte de los poderes públicos, siendo el comisionado el cauce para dichas demandas.

El Defensor del Menor ha vuelto a calificar de "lamentables" las condiciones de vida en que se desenvuelven los menores de edad que viven en los poblados chabolistas. Ha señalado que la aplicación de la Ley de la Cañada Real Galiana pretende crear un "marco normativo" que acometa la situación de los poblados en esta zona, sirviendo de instrumento para implementar planes y proyectos que culminen con la eliminación de la grave situación de deterioro de estos núcleos marginales, mejorando las condiciones de vida y la atención a las familias y los menores.

No obstante, ha apuntado que la situación de los sectores 1,2,3,4 y 5 de la Cañada es mejor que la del Sector 6, "afectado por realidades extremas de marginalidad con el problema de exclusión y de inseguridad que ello conlleva, sin olvidar la problemática que sigue asolando al poblado de El Gallinero, uno de los poblados chabolistas más afectados por la pobreza y marginalidad".

El departamento dirigido por Canalda ha denunciado que un año más ha observado un incremento de situaciones relacionadas con problemas concretos que afectan a la escolarización de los menores residentes en estos entornos. "Es necesario combinar las medidas políticas en materia educativa con otras para así lograr la plena integración social de los más pequeños en las familias residentes de estos entornos", añade.
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