Móstoles quiere llegar a 18 millones de superavit

Según el concejal de Hacienda y Presidencia, Alberto Rodríguez de Rivera, este plan, que supondrá un superávit de 18 millones de euros para las arcas municipales, "garantiza la prestación de los servicios públicos y la viabilidad económica del Ayuntamiento y respeta los puestos de trabajo y las retribuciones de los trabajadores".

Este plan de ajuste ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular  y la oposición de PSOE e IU-LV. Las medidas de este plan se desarrollarán durante los próximos diez  años con el objetivo de resolver el déficit estructural del Consistorio. Precisamente, el pasado 22 de marzo, de Rivera hizo pública la deuda que mantiene la corporación mostoleña con proveedores que asciende a 39,4 millones de euros.

Rodríguez de Rivera ha explicado que este plan "garantiza la prestación de los servicios asistenciales, sociales, educativos, culturales y de fomento del deporte", a la vez que "no implica un incremento de la presión fiscal actual" sino que se basa "en un control riguroso de los gastos, bajo el lema de hacer lo mismo o más con menos, generando un alivio a la tesorería municipal".

Según el edil, el documento recoge "medidas de ahorro en la gestión diaria, parte de magnitudes moderadas y realistas en el capítulo de ingresos y pretende alcanzar como objetivo la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento".

El PSOE ve el Plan inviable y ficticio
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Consistorio, David Lucas, ha calificado este plan como "inviable y ficticio", ya que se asienta en las premisas de la "expectativa de incremento de ingresos por tasas e impuestos relacionados con la construcción, el aumento de impuestos como el IBI y el recorte de partidas presupuestarias destinadas a gasto social".

En opinión de Lucas, los 7 millones que recortará el Ayuntamiento se centrarán en su mayoría en "inversiones y en políticas sociales", mientras que una parte importante de los ingresos previstos "se basa en elementos de difícil cumplimiento" ya que el cobro del Impuesto de Construcciones e Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas de licencias urbanísticas "no se pueden ejecutar en este momento debido a la crisis en el sector de la construcción".

Para Lucas, el documento "se sustenta principalmente en el aumento de la presión fiscal para los ciudadanos" ya que en los presupuestos de 2012 "se aumentaba el impuesto del IBI un 8 por ciento y en este plan el tipo impositivo aumenta de 0,68 a 0,7085, lo que supone aproximadamente un incremento medio del 12 por ciento respecto a los recibos del año 2011".

Además, recoge la "reducción drástica" de las políticas sociales "como la reducción de la ayuda a domicilio en un 6,82 por ciento, la teleasistencia domiciliaria en un 12,5 por ciento, las políticas de juventud en un 31,20 por ciento o las actividades deportivas y culturales en un 45,21 por ciento", ha señalado Lucas.