Cepeda, exalcalde de Aranjuez, niega haber adjudicado obras 'a dedo' a empresas amigas

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este lunes el juicio contra Cepeda y otros cuatro exediles de Aranjuez, entre ellos el de Hacienda Miguel Ángel Gálvez, por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Cepeda se enfrenta a 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros.

El fiscal Emilio Valerio les acusa de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusa de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.

En el punto de mira está el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95 por ciento de las adjudicaciones caían en la misma empresa, Maconsa.

En su declaración, el exregidor ha asegurado que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. "Ellos saben cómo tienen que contratar y, si tienen dudas, recurren a sus técnicos", ha recalcado, y ha añadido que los ediles tenían instrucciones para ajustarse al presupuesto.

"Un montón de facturas de legislaciones anteriores"
A preguntas sobre facturas libradas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles, Cepeda ha indicado que su equipo heredó "un montón de facturas de legislaciones anteriores". "Y nos vimos obligados a darles salida para que cobraran los proveedores", ha dicho. En cuanto a las obras, ha indicado que no eran temas que él llevase. "Gálvez -exconcejal de Urbanismo- hacía caso de lo que decía la interventora y elevaba al pleno la aprobación de facturas. Los concejales tenían la indicación que se ajustara al presupuesto ordinario", ha apuntado.

"Gálvez nos comunicaba al equipo de gobierno cómo iba la obra y que se incrementaba el coste por los problemas que había. Yo no decido ni la adjudicación ni el presupuesto. No elijo las empresas, ni el sistema ni desde luego el importe. Entiendo que la actuación es legal", ha dicho. Por su parte, el exconcejal de Urbanismo ha indicado que las adjudicaciones de las licitaciones públicas se aprobaban en el pleno del Consistorio y ha añadido que no era obligatorio que contaran con un expediente de contratación.