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El túnel de Campamento amenaza las arcas municipales

El túnel de Campamento amenaza las arcas municipales

jueves 16 de febrero de 2012, 00:00h
El convenio de la 'operación Campamento' entre Defensa, Vivienda y el Ayuntamiento amenaza con provocar un enorme agujero en las cuentas municipales. Tres años después de la firma donde se contemplaba la construcción de un macrotúnel bajo la carretera de Extremadura, el Consistorio se arriesga a asumir un sobrecoste de casi 400 millones en la infraestructura, ya que el convenio blindó las cantidades que tenía que aportar el Ejército.
Los ministerios de Defensa y de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid firmaron el 25 de enero de 2005 un protocolo para establecer el marco de referencia en el que se iba a desarrollar la primera fase del proyecto de la Operación Campamento, integrada por dos ámbitos urbanísticos: las instalaciones militares de Campamento (APR 10.02) y el remate suroeste de Campamento (UNP 04.07). Este acuerdo inicial planteaba, aparte de la disposición de ambos ámbitos, la construcción de varias infraestructuras externas que se consideraban imprescindibles para solucionar el problema de tráfico de la zona. Entre ellas, se planteaba la construcción de dos túneles, uno bajo la actual A-5 y otro, como variante de la vía anterior, bajo el parque Cuña Latina- Sepúlveda, que, en total, sumaban 8 kilómetros de subterráneos. También se preveía la construcción de un intercambiador de transportes y un aparcamiento disuasorio. En este documento, el Ayuntamiento fijó como coste de estas insfraestructuras la cantidad de 617 millones, 585 de los túneles y 32 del intercambiador y el aparcamiento, que habían de pagarse a medias entre Defensa y el Ayuntamiento. El proyecto fue bendecido por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el 8 de noviembre de 2006, mediante la aprobación inicial del plan parcial de reforma interior de este ámbito.

Uno de los espacios de la operación CampamentoSin embargo, posteriormente, el Ayuntamiento reconsideró el asunto. El intercambiador y el aparcamiento se mantuvieron pero los servicios de planeamiento urbanístico cambiaron el proyecto de túnel. De dos tramos, de 8 kilómetros de trazado, se pasó a uno de 2,6 kilómetros, que ha de discurrir desde el actual túnel de la avenida de Portugal hasta la carretera M-511 a Boadilla, ycon un tramo de transición en superficie de 640 metros hasta la avenida de los Poblados para entroncar con la futura Castellana del sur. Fuentes de Defensa explicaron a Madridiario que los técnicos municipales plantearon en ese momento que la actualización del coste de la obra hacía que el precio del nuevo túnel fuese mucho más caro que el de los dos inicialmente previstos. Por eso, el Ayuntamiento propuso al Ministerio de Defensa aumentar su aportación, a lo que el departamento que dirigía Carme Chacón se negó.

Uno de los espacios de la operación CampamentoPor ello, el convenio urbanístico que se firmó el 4 de mayo de 2009, en el que recogía la modificación de infraestructuras, mantuvo los mismos costes y repartos ya acordados. El documento, firmado por las ministras de Defensa, Carme Chacón; Vivienda, Beatriz Corredor, y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha tenido acceso Madridiario, deja claro que Defensa pagará la mitad del coste de la financiación de las infraestructuras pero se blinda ante futuras sorpresas de última hora. El Ejército, según el documento, solo asumirá el pago máximo de 308,5 millones de euros, independientemente de que el coste de las infraestructuras supere, como ya ha ocurrido, la estimación inicial de 617 millones de euros. Además, solo abonará las cantidades acordadas conforme se produzcan las certificaciones de obra del proyecto ejecutado, lo que obliga al Ayuntamiento a acometer la obra y luego pedirle a Defensa su parte.

Firma del acuerdo entre los ministerios de Defensa y ViviendaUnos días antes de la firma de este convenio, la entonces delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, defendió en el Pleno del 17 de abril de 2009 la negociación que había mantenido el Ayuntamiento de Madrid con Defensa. Argumentó que el Gobierno de la ciudad había sido responsable con los vecinos del suroeste para solucionar sus problemas de movilidad y matizó que esta postura era distinta a la de los socialistas de Alcorcón que habían planificado desarrollos en el norte de su municipio sin plantear infraestructuras que solventasen el tráfico. La tramitación continuó y el asunto quedó 'dormido' hasta que el 24 de octubre de 2011, la entidad estatal de suelo Sepes adquirió el 51 por ciento del terreno de las instalaciones militares de Campamento, lo que supone alrededor de un millón de metros cuadrados.

Sobrecostes y contraprestaciones
Fue entonces cuando el reloj comenzó a correr en contra del Ayuntamiento. La tramitación del desarrollo urbanístico obliga al Ayuntamiento a ir haciendo acopio de fondos para acometer el túnel que tanto necesita la zona y que tanto Gallardón como Pilar Martínez se comprometieron a realizar lo antes posible. El problema es que, según plantearon a este periódico digital fuentes técnicas cercanas al proyecto, el precio de la obra se ha disparado y sigue en aumento a medida que pasa el tiempo, con el agravante de que todo el sobrecoste que se produzca soble los 617 millones iniciales recaerá sobre las arcas del Consistorio. Dichas fuentes calculan que, actualmente, la factura podría rondar los mil millones de euros.

Uno de los espacios de los cuarteles de CampamentoFuentes del Área de Urbanismo informaron a Madridiario que el Ayuntamiento está a la espera de la presentación del proyecto de urbanización del terreno por parte de Sepes, que se producirá en las próximas semanas, y de la reparcelación de este ámbito. Hasta entonces, aseguran, no pueden hacer cálculos sobre el coste de las infraestructuras ya que, a pesar del convenio existente, dicen no conocer las cargas urbanísticas del proyecto. Cuando las conozcan, añaden, impondrán contraprestaciones a Sepes con las que financiar su parte correspondiente de las infraestructuras. Desde la entidad estatal de suelo Sepes responden que la empresa pública tan solo está obligada a asumir la parte equivalente a su propiedad en el pago de los proyectos previstos, tal y como acordó con Defensa en el contrato de compra de suelo. Eso representa entre 78 y 80 millones de euros, que se contabilizarán como parte de los 308,5 millones que el Ministerio debe aportar. También aseguran que cederán al municipio la cantidad de suelo que prevé la ley.
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