En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este jueves de manera extraordinaria en el
Ayuntamiento de Alcorcón, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado que se ha acordado remitir a la
Federación Madrileña de Municipios (FMM) "la parte del proyecto de ley del comercio que más afecta a los ayuntamientos".
Esto es, según ha dicho, "la
supresión de las licencias de obra y actividad para el caso de todos los comercios" excepto los que estén en edificios que hayan sido declarados Bien de Interés Cultural salvo en el caso de que anteriormente ya existiera actividad comercial, según ha explicado la presidenta madrileña.
Estas licencias
se sustituirán por el cumplimiento de tres requisitos: la declaración responsable del titular de actividad asegurando que cumple toda la normativa vigente; el informe del técnico competente en el caso de que se requiera (a veces no hay necesidad de hacer obras) y la autoliquidación de la licencia municipal.
La Comunidad les da
una semana de plazo, de tal forma que el borrador se pueda aprobar la semana que viene y sea remitido a la Asamblea de Madrid, que es la que tiene la decisión de seguir adelante con el proyecto. Por lo que este trámite previo es una consulta que se hace "especialmente" a los "más afectados", los municipios "de mayor tamaño y población".
El fin es que los ayuntamientos
den su parecer a la Comunidad sobre esta supresión de licencias y su sustitución por el cumplimiento de los tres requisitos, antes de empezar el trámite de "consultas obligadas por la ley" al Consejo Económico y Social, al Consejo Consultivo o a la asociación de consumidores, entre otros. "Nos parece que es un cambio tan radical el quitar las licencias de obra y actividad y sustituirla, que antes queremos escuchar a los municipios", ha apuntado Aguirre, quien ha reconocido que es "posible" que se les "escapen algunos matices" que los ayuntamientos les podrán hacer llegar en el plazo de antes de una semana.