Los imputados en Gürtel ya no son diputados

La mesa del parlamento regional dio trámite este viernes al escrito de renuncia registrado este jueves por el propio López-Viejo y por sus, en su día, compañeros en el Grupo Popular de la Asamblea, Alfonso Bosch Tejedor -ex gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte y ex concejal de Urbanismo en El Escorial- y Benjamín Martín Vasco -ex teniente de alcalde de Arganda del Rey-.

Todos ellos renunciaron inesperadamente después de haber transcurrido más de dos años desde que fueran imputados como supuestos receptores de sobornos y regalos (coches y viajes entre otros, según la investigación). Bienes que habrían acumulado a cambio de dar contratos y adjudicaciones públicas a las empresas de Francisco Correa. Fue Correa precisamente el que, en las conversaciones intervenidas por la Policía y que constan en el sumario de la causa, señaló a Alberto López-Viejo como el "muñidor" de la trama corrupta en la Comunidad.

Desde que se levantase el secreto de sumario del 'caso Gürtel', López-Viejo ha cargado con ese estigma. De ser el organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, con la responsabilidad que ello conllevaba debido a la profunda preocupación de la líder popular por su imagen, pasó a defenestrado. La presidenta y su entorno hicieron saber que el político había "traicionado" la confianza de su jefa de filas, la misma que le pidió su acta en cuanto la Gürtel saltó por los aires y que antes le había exigido -según las mismas fuentes- que cortase de raíz con cualquier actividad que resultase mínimamente irregular o reprochable para un cargo público. Entre estas prácticas estaban el 'troceo' de contratos públicos, que, sin ser estrictamente ilegal, sí era usado según la Policía para repartir dinero entre las empresas amigas sin tener que sacar esos contratos a concurso.

En lugar de eso, la trama continuó extendiéndose por los municipios, obligando a Aguirre después a decapitar políticamente a tres alcaldes del PP en activo. Las salpicaduras del caso amenazaron incluso con manchar a la presidenta cuando otro de los implicados, el viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente, aseguró que existía una lista de empresas con las que las distintas consejerías estaban obligadas a contratar. Esta relación estaría, como declaró Clemente, en posesión de "Presidencia", pero el Ejecutivo siempre lo negó y Aguirre ha quedado a posteriori completamente al margen, toda vez que ordenó apartar a los imputados de sus cargos en cuanto fueron reclamados por la Justicia.

¿Qué sabía el PP?
PSOE e IU no tienen tan claro, sin embargo, que la presidenta no supiese absolutamente nada de los contratos que estaban firmando todas las consejerías de su Gobierno. Contratos que la oposición ha exigido de forma reiterada –y sin demasiado éxito- en la Asamblea de Madrid.

Este viernes, con la tramitación de la renuncia de los diputados imputados (para quienes hubo que reformar el reglamento de la Asamblea a fin de darles cabida cuando fueron expulsados del PP), las críticas de PSOE e IU volvieron a resonar. El secretario general de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez, advertía: "Que no se engañe nadie. Son tres diputados de la señora Aguirre". "[La renuncia al escaño] Es una estrategia diseñada desde el PP para retrasar los procesos y para intentar no sólo estar al margen de la justicia, sino por encima de la justicia", aseguraba. "Nunca dejaron de estar en el Grupo Popular", reforzó el coordinador de IU, Gregorio Gordo, que añadió que lo acontecido este viernes permite a López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor que la sentencia llegue después de las elecciones, "y es todo el sentido que tiene". Esperanza Aguirre, por su parte, declaró que "ya iba siendo horita" de que los imputados dejasen la Cámara, donde han sido munición gratis para la oposición contra su Gobierno.

En efecto, la resolución del caso Gürtel acumulará una nueva demora. Al perder el escaño y con ello el aforo, el juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio Pedreira, que instruía la causa y esperaba dictar en breve una resolución de procesamiento contra los acusados, debe enviar la causa a la Audiencia Nacional. Allí, un nuevo responsable asumirá esa decisión, no sin antes repasar la investigación que Pedreira ya había dado por concluida. En cualquier caso, es cuestionable que la sentencia al caso Gürtel llegase antes de las elecciones del 22-M, o incluso antes de las elecciones generales de 2012.