La propia Aguirre lo hizo oficial justo antes de enfrentarse a la oposición en el pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, pleno en el que ninguno de los mencionados estuvo presente. "Quiero comunicarles que los tres diputados del Grupo Parlamentario Popular imputados en el caso que se ha dado en llamar Gürtel me han comunicado su decisión de abandonar el grupo desde este mismo momento. Asimismo esta decisión se la he comunicado a los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, señores González y Sepúlveda, que también me han comunicado su decisión de hacer lo propio con el Grupo Municipal Popular", subrayó .

Según admitió la presidenta, y tal y como les había anunciado este digital 24 horas antes, ella misma pidió a los tres diputados la entrega de sus respectivas actas a fin de que su salida del Parlamento regional -para bien de la imagen del PP y para no dar más artillería a la oposición- fuera definitiva, pero los tres se negaron. "Su decisión ha sido abandonar el grupo", insitió, esto no significa que vayan a dejar de cobrar de la Asamblea de Madrid, "de todos los madrileños" como apuntaron PSOE e IU porque conservan su escaño.

Aguirre se sintió traicionada
En una escenificación perfectamente calculada, Aguirre hizo el anuncio del día escoltada por el vicepresidente primero de la Comunidad y portavoz, Ignacio Gónzalez, y por el secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. El objetivo: dar una imagen de unidad, contundencia y responsabilidad. La presidenta defendió en su día con toda vehemencia a López-Viejo, asegurando que era totalmente inocente y que desconocía cualquier relación con las empresas de Gürtel. Convencida por él, llegó a decir que no se había contratado ni adjudicado nada a la trama liderada por Francisco Correa, pero la revelación del sumario dejó en evidencia estas afirmaciones y Aguirre se sintió traicionada, con el resultado hoy visto.

La de este jueves es la actuación más contundente hasta el momento en relación a las supuestas actividades ilegales de sorbornos y corrupción de la trama Gürtel, ya que en el Partido Popular, ya sea en Génova o en Valencia no se ha llegado tan lejos. Ahora bien, también constituye según la oposición la plasmación en toda su cruda realidad de lo que ha venido denunciando, que la trama de corrupción atraviesa todas las consejerías y Aguirre es "la responsable política".

¿Dónde estan los contratos?
El anuncio sobre los imputados capitalizó el debate en el Parlamento regional. La presidenta de la Comunidad había soltado la bomba en los pasillos antes de entrar para dar por solucionado el problema, pero PSOE e IU no pensaban dejar correr el caso. Inés Sabanés (IU) exigió de los imputados "acta, parlamento y escaño",  porque de lo contrario Aguirre seguirá "en el centro de la trama de corrupción" con un Gobierno insostenible. Pero aquí Aguirre venía preparada: "El concejal de IU en Pinto Carlos Penit está imputado por tráfico de influencias y por cohecho. ¿Le va usted a quitar después de apoyar una moción de censura que apesta?". La misma andanada, acompañada de numerosas referencias a la crisis, el paro y la subida de impuestos de Zapatero, le cayó al PSOE, pero Maru Menéndez esta vez no se amilanó. "Queremos recuperar los servicios publicos que se han llevado ustedes. Ha llegado hasta aquí, ha pretendido amedrentar a la oposición, pero no lo va a conseguir", advirtió.

Maru Menéndez (PSOE), como hizo también el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, puso el dedo en una de las llagas que ha provocado la trama Gürtel. La oposición lleva meses intentando examinar los contratos de las consejerías y empresas públicas (incluído el Canal de Isabel II) con las empresas de 'Don Vito', pero denuncian que el PP "bloquea" esta información. La diputada Reyes Montiel lleva tiempo denunciando que, o bien no le dan toda la información, o bien le obligan a ir una por una a las distintas sedes de cada consejería a mirarlos. Eso, cuando no le instan a "ir a Daganzo" a buscar otros contratos.

Aguirre asegura que las adjudicaciones (las troceadas supuestamente en partes de menos de 12.000 euros para ser adjudicados sin concurso a la trama) son legales, y formalmente así es ya que cuentan con la firma de los interventores regionales. La cuestión que plantea la oposición es si esto es moral, si están o no 'inflados' y si esconden una presunta financiación ilegal del PP. Gregorio Gordo, coordinador general de IU-CM, exige una "regeneración democrática" con medidas inmediatas para atajar la corrupción. David Pérez, portavoz del PP, recalcó que su formación ya ha hecho "todo" lo que podía a hacer. El resto, está en manos de los jueces.