En dos autos hechos públicos este jueves, el magistrado destaca que los diputados autonómicos López Viejo, Martín Vasco (ex presidente de la comisión de investigación de los espías) y Bosch Tejedor -que podrían haber cometido, según el juez, varios delitos, entre ellos el de asociación ilícita- habrían percibido de las empresas de la trama investigada las cantidades de 563.000, 437.166 y 255.562 euros, respectivamente.

Sobre los nuevos imputados, el magistrado detalla que el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, habría percibido 1,3 millones de euros; mientras que el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su director general, Tomás Martín, 510.000 euros, a los que habría que sumar otros 378.172 que habría cobrado este último en solitario. Además, añade que el ex edil de Boadilla José Galeote -familia del eurodiputado Gerardo Galeote- habría cobrado comisiones por importe de 612.506 euros; el regidor de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, 422.992 euros; el ex edil de Estepona, Ricardo Galeote, 42.469 euros en efectivo; y el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente, 16.000 euros. Entre todos habrían ganado ilegalmente alrededor de 3 millones de euros.

Garzón, que les considera presuntos autores de los delitos de fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, les tomará declaración el próximo día 18, con lo que continuará instruyendo una parte de la causa en espera de la respuesta de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

"Dádivas y sorbornos"
El juez notificó esta resolución a los procuradores y abogados de los 37 imputados en la causa, que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias mediante la que el grupo de empresas de Francisco Correa habría obtenido contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia a cambio de "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades. En lo referente a la ramificación valenciana de la trama, el juez de la Audiencia Nacional sostiene que el PP de Valencia pudo recibir en diciembre de 2002 un total de 420.700 euros en concepto de "comisiones en adjudicaciones amañadas" por el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, que creó una sucursal de sus empresas en Valencia.

El instructor por tanto también se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) tras implicar en la trama al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al secretario general del PP de Valencia y diputado autonómico, Ricardo Costa. Así, Baltasar Garzón seguirá investigando este caso hasta que lo acepten los Tribunales Superiores de Madrid y de Valencia