Las seis aseguradoras de la clínica en la que se practicó una rinoplastia a Antonio Meño de la que salió en coma vigil por una presunta negligencia médica, se han negado durante el acto de conciliación de este jueves a pagar 1,6 millones de euros a la familia al considerar que la anulación del procedimiento por parte del Tribunal Supremo supone "un fraude procesal".
La historia de Antonio Meño empezó en 1983, cuando este estudiante de 20 años se sometió a una operación estética de nariz en una clínica madrileña. La intervención quirúrgica se realizó con anestesia general y duró, según el cirujano, entre 20 y 25 minutos.
Sin embargo, el anestesista indicó más del doble, una hora. El resultado fue que del quirófano salió Antonio en coma vigil irreversible, con las funciones intelictivas y cognoscitivas completamente abolidas y dependiendo de los demás para poder realizar sus necesidades más elementales.
Acompañados por su abogado, los padres de Meño han acudido esta mañana con su hijo en una camilla a los juzgados de Madrid. Antes de que se iniciara el acto de conciliación, su madre, Juana Ortega, ha manifestado que no tenían esperanza en que se alcanzara un acuerdo, puesto que este episodio es "uno más desde hace 22 años".
Durante la audiencia, el letrado de la familia ha vuelto ha pedir la cantidad de 1,6 millones de euros. Sin embrago, las seis demandadas se han negado a pagar dicha compensación, alegando que se trata de un fraude procesal.
No obstante, el abogado ha avanzado que
la próxima semana volverán a reunirse para tratar de fijar otra cantidad. "Ellos quieren pactar", ha recalcado a la salida de los juzgados de instrucción.
Tras concluir el acto, los padres han manifestado su profundo malestar con la posición tomada por las aseguradoras y han tachado de "vergonzosa" su actitud. "Fue culpa de ellos porque le dejaron sin oxígeno", ha denunciado el padre de Meño, quien ha amenazado con acampar frente a la casa del anestesista que atendió a su hijo.
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Juana Ortega incluso ha asegurado que el anestesista es peor que los nazis de los campos de exterminio. "Voy a luchar y, si tenemos que ir a juicio, iremos", ha recalcado.
El acto se ha celebrado después de que el pasado 17 de noviembre el Tribunal Supremo acordará estimar la demanda interpuesta contra las sentencias dictadas en el periplo judicial de la familia, que resultó condenada por el Alto Tribunal a pagar 400.000 euros en costas procesales en la vía civil.
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