Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco comunicaron a primera hora su renuncia al escaño. El objetivo de la misma, según recogió la agencia Europa Press, es que su supuesta implicación en la red de sobornos a cambio de adjudicaciones públicas no sea "instrumentalizada" contra el PP durante la próxima campaña electoral.
Su marcha, sin embargo, se produce dos años después de que fueran imputados por el juez Garzón, a 24 días de las municipales y autonómicas y después de haberse negado a entregar sus actas. Pese a que la propia presidenta regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, les exigió en público y en privado que se marchasen del Parlamento regional -y de que fueron suspendidos de militancia por Génova-, ellos mantuvieron su puesto y su sueldo. En lo que PSOE e IU consideraron una "vergüenza", los encausados siguieron acudiendo a los plenos de la institución y participando en las votaciones, siempre en el mismo sentido que sus ex compañeros del Grupo Parlamentario Popular.
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Si no renunciaron antes a su escaño fue para no perder su condición de aforados, que les permitía ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no por la Audiencia Nacional, donde Baltasar Garzón inició la investigación. A traves de portavoces, los tres reconocieron que aún esperaban la resolución de una serie de recursos presentados ante el TSJM que, finalmente, no han caído de su lado.
¿Imputados 'buenos' y 'malos'?
La investigación por tanto sale del TSJM y regresa a la Audiencia Nacional, aunque no lo hará a la sala de Garzón, suspendido por la investigación de los desaparecidos durante el franquismo. Ello provocará una mayor demora en la apertura de juicio, como apuntó el coordinador general de IU, Gregorio Gordo. El juez Pedreira, instructor en el tribunal, aún no había dictado auto de procesamiento, pese a haber concluido la investigación.
Según el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la renuncia "era algo que todo el mundo esperaba. Hubiera sido bueno que se produjera antes, pero bienvenido sea". González subrayó como el Ejecutivo de Esperanza Aguirre apartó a los implicados en el caso Gürtel (incluidos varios alcaldes) en cuanto los tribunales procedierno a investigarles por su relación sobre la trama corrupta. Una actuación esta, subrayó, que el Partido Socialista de Madrid no ha hecho con su secretaria de Organización, Trinidad Rollán. "La persona que ha hecho las listas electorales del PSM es una señora condenada e inhabilitada durante 8 años por prevaricación", acusó.
La mano derecha de Esperanza Aguirre también acusó a los socialistas de llevar a personas "condenadas" en sus listas electorales. Sin embargo, al ser preguntado por los 10 imputados que figuran en listas electorales del PP -y que Esperanza Aguirre aseguró están siendo investigados solo por "tonterías"- el vicepresidente se cerró en banda y prefirió guardar silencio.
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