González culpa a Rivas y Coslada de que la ley para legalizar la Cañada Real nazca sin consenso

El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, Ignacio González, aseguró este jueves que si la normativa se aprueba sin unanimidad es porque los alcaldes de estos municipios, José Masa y Ángel Viveros, respectivamente, han "presionado" a sus grupos en la Asamblea de Madrid para que así sea. "Rivas es el que ha presionado a su grupo para que no votase con nosotros y el de Coslada igual", sentenció.

Los grupos de PSOE e IU han adelantado que, efectivamente, dirán no a la ley, que será aprobada previsiblemente esta tarde-noche durante el pleno de la Cámara autonómica. Sin embargo, ambos rechazan –y la versión del Ayuntamiento de Madrid lo confirma- que los motivos sean los esgrimidos por la Comunidad.

El problema es social
Como les ha venido informando puntualmente Madridiario, la Comunidad asegura que la ley nace de un "consenso" entre todas las partes implicadas para solucionar el problema de las entre 15.000 y 40.000 personas que viven ilegalmente en esta zona. Como actores en este diálogo están la propia Comunidad, los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada y la Delegación de Gobierno de Madrid, pero todos ellos salvo el Ejecutivo se oponen a una legislación que, denuncian, se ocupa del problema urbanístico antes que de resolver los problemas sociales relacionados con la marginación, drogadicción, delincuencia y desalojos que proliferan en la Cañada.

Ignacio González cargó este jueves duramente contra los alcaldes de Rivas y Coslada, a los que acusó de "no querer resolver los problemas" y de desoír "las demandas de los ciudadanos". Sin embargo, se negó a citar a Madrid, que es en realidad quien más firmemente ha rechazado la ley y que llegó a amenazar en su momento con presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la misma. Sólo la intervención de la dirección nacional del PP, que prohibió a Esperanza y Alberto Ruiz-Gallardón provocar un nuevo enfrentamiento público a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas, lo evitó.

"La realidad -zanjó Ignacio González- es que el PP va a votar la ley de la Cañada para que se ponga la solución de un proceso que será largo y complejo". La ley, sin embargo, nace muerta para el PSOE, IU y el propio Ayuntamiento de Madrid.