El Fiscal mantiene la petición de inhabilitación para la número 2 del PSM y todos sus concejales de 2001

"Cuando se celebra el Pleno (en el que se aprobó el convenio), ellos (los concejales de PSOE y PADE) conocían el informe del señor del secretario y sus consideraciones, explícitas y contundentes respecto a la ilegalidad (de dicho convenio). Lo conocían ellos y también el resto de los concejales. Aquí no se puede hablar de disciplina de voto, asumen unas responsabilidades como concejales y tienen que saber sobre lo que votan", recalcó este viernes el fiscal.

El fiscal ha subrayado que se desconoce, a día de hoy, "quién redactó el material del convenio" y que cree que "vino redactado desde fuera". En su exposición, también ha señalado que intuye que "había una cierta estrategia del señor (Francisco Martín) Rojas y de la alcaldesa (Trinidad Rollán) de que esto tenía que aprobarse por encima de todo y pese a quien pese", según recogió Europa Press.

Rollán ha asegurado en su defensa que ni ella, ni el concejal de Urbanismo ni el resto de la corporación tenían motivos para dudar del convenio, ya que aseguraron desconocer los informes de los técnicos municipales contra la operación. Su abogado, además, asegura que, de haber delito, habría prescrito en cualquier caso. Este mismo viernes, aseguraba que la sentencia será absolutoria: "Estamos convencidos. Hicimos lo que entendíamos que teníamos que hacer en defensa de los intereses de nuestros vecinos y específicamente de estas 107 familias (las de la parcela Mancha Amarilla) y de que lo que hicimos era legal". Rollán culpó al secretario municipal, Saturnio Hernández, de haber provocado la "indefensión" de la Corporación, recalcando que ni si quiera él ha podido acreditar en qué momento de la tramitación del convenio advirtió a los concejales que éste podía ser ilegal.

¿Qué ocurrió?
El TSJM juzga desde el martes a Rollán y a 13 concejales del Ayuntamiento de Torrejón en 2001 por su supuesto delito de prevaricación al aprobar un convenio urbanístico con Patrimonio Siglo XXI. La corporación municipal pretendía acelerar la finalización de un grupo de viviendas cuyos propietarios esperan recibir.

Para abreviar el proceso y conseguir la urbanización del barrio Mancha Amarilla, el Ayuntamiento firmó un convenio por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros) con la empresa Patrimonio Siglo XXI, que haría los trabajos a su costa. A cambio, se le entregaría una parcela municipal que no fue valorada con el correspondiente informe. Según el fiscal, el Consistorio salía perdiendo en la operación porque la parcela tenía un valor superior al de las obras. Tanto el secretario como el interventor municipales advirtieron de la posible ilegalidad que se juzga.