Dependientes y discriminados

Como adelantó UGT, el mismo día que el Presidente de Gobierno anunció las medidas de ahorro del gasto público, en la comparecencia del 12 de mayo de 2010, lamentamos que la reducción del déficit público se base exclusivamente en medidas de ahorro sin contemplar medidas de incremento de los ingresos.

Tendría que ser una auténtica reforma fiscal dirigida a incrementar con progresividad, que paguen más los que más tienen, los ingresos del estado, reimplantando el impuesto sobre el patrimonio o mediante una efectiva y decidida lucha contra el fraude fiscal. Por eso, resulta tremendamente injusto el que una de las medidas más significativas de este plan de ahorro se centre en un sistema de protección social tan básico y tan escasamente desarrollado como el de la atención a la dependencia.

En ella se hace referencia a la eliminación de la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia. Por tanto, aunque la medida afecta a nuevos solicitantes, también afecta a miles de personas que siguen a la espera de valoración, en muchas ocasiones, por la actitud de desidia de sus comunidades de residencia.

Para UGT- Madrid resulta paradójico por ello que las comunidades autónomas que han gestionado la ley sin voluntad política y de forma perversa, como la Comunidad de Madrid  incumpliendo los plazos, sigan siendo las que se  benefician, provocando graves perjuicios a miles de dependientes. Esto más que un ahorro es una deuda acumulada que genera un malestar social y recorta un derecho subjetivo aprobado por Ley.

Es cierto que el Gobierno, tras la polémica suscitada por el aplazamiento de la retroactividad de la ley ha suavizado la medida y salva algunas prestaciones económicas que seguirán llegando a los familiares de los dependientes con los atrasos adeudados y sin demoras de ningún tipo. Sin embargo, aunque sin duda esto es significativo, sigo echando de menos, una verdadera intención política por parte Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, que obligue a las Comunidades Autónomas  incumplidoras a que gestionen de una forma correcta la ley y dejen de existir, como ocurre en la actualidad, más de 252.000 personas, que tienen reconocida su situación de dependencia y no reciben ningún tipo de ayuda por parte de su  Comunidad Autónoma.

Hay que insistir en la necesidad de que la ley se aplique conforme a los plazos regulados para la implantación del Sistema y contenidos en la propia Ley. También en la inmediata elaboración y aplicación del programa individual de atención (PIA) a aquellos ciudadanos que ya han sido valorados pero aún no les han sido concedidas sus prestaciones, que en el caso de la Comunidad de Madrid afecta a 19.447 dependientes, cifra que supone un tercio del total de dependientes en esta situación. Recordar y denunciar que en nuestra Comunidad el tiempo de espera medio para recibir una prestación, supera los 18 meses.

Por otra parte, este año está prevista la evaluación de la ley, por lo que esperamos que de los resultados podamos obtener datos suficientemente cualitativos que nos permitirán conocer los efectos de esta Ley, el grado de cumplimiento de la misma, la rentabilidad social y por supuesto conocer si el sistema financiero de la ley es suficiente en función de los costes de los servicios y prestaciones. Pero además con el propósito final, o al menos eso esperamos desde nuestro sindicato, de corregir aquellas disfunciones que la implantación del sistema ha traído.

Con estos resultados se debería poner en evidencia si el actual sistema financiero permite la protección de las personas en situación de dependencia que comporta este derecho, modificándose de ser necesario, pero nunca debe estar supeditada la insuficiencia financiera a un recorte de derechos.

En la Comunidad de Madrid, después de más de tres años de la entrada en vigor de la ley, seguimos mes tras mes denunciando la ineficacia  y el mal desarrollo de la misma. También, venimos denunciando la discriminación que sufren nuestros dependientes y la necesidad de acortar los plazos, incrementado tanto los recursos humanos, para agilizar las valoraciones y los PIAS, etc., así como incrementar las plazas de centros de días y residenciales.
Vemos que la Comunidad de Madrid, en lugar de aumentar plantillas y crear plazas públicas de atención directa, va deteriorando de forma paulatina y constante el espíritu de la ley. Estamos presenciando una privatización  paulatina de los servicios y un aumento sistemático  de conciertos con empresas privadas, que deberían tener un carácter complementario y subsidiario de la gestión directa.

El derecho de las personas a recibir una ayuda por encontrarse en situación de dependencia no puede ser utilizada como negocio ni para la Administración Autonómica, ni para la empresas privadas y concertadas, que a veces parecen enriquecerse con ello.

Ana Sánchez de la Coba es secretaría de Políticas Sociales de UGT-Madrid