El Banco de España, el único para decidir el futuro de cajas insolventes

Así lo defiende la Abogacía del Estado en las alegaciones remitidas al Tribunal Constitucional a raíz de los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia y Extremadura contra la norma que crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al considerar que invade sus competencias.

"No puede caber ninguna duda sobre la necesidad de centralizar en el Banco de España, como órgano responsable de garantizar la solvencia del sistema financiero, las decisiones que hayan de adoptarse para garantizar la solvencia de nuestras entidades de crédito en todo el territorio nacional y para tratar de buscar la más rápida y acertada solución a dichos problemas", sostiene.

Además, en contra del apoyo que hizo el Constitucional en 1988 a las competencias autonómicas sobre cajas, la Abogacía del Estado cree que "quizá sea tiempo ya de acabar con el mito de la caja vinculada al territorio y percibirlas como importantes entidades de crédito de implantación nacional e internacional y cuya insolvencia o inestabilidad tiene indudables consecuencias sistémicas".

"Como los bancos"
Recuerda además que con la expansión territorial de las cajas, su funcionamiento es cada vez más similar al de los bancos y pone varios ejemplos, como que a un cliente de Caja Madrid o La Caixa que vive en Galicia le importa y afecta tanto la solvencia del negocio bancario de la entidad en la que tiene sus depósitos como al cliente que reside en Madrid o Cataluña.

También explica que la situación actual de las cajas no tiene parangón en la historia de España porque nunca antes se había producido una crisis que afectara "tan directamente" a la solvencia de esas entidades que hiciera necesaria su reestructuración "generalizada".

En la primavera de este año, Galicia, Madrid, Cataluña y Extremadura presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el FROB, a pesar de que el Ministerio de Economía insistía públicamente en que el fondo cumplía con los preceptos de la Constitución y así lo avalaban todos los informes jurídicos con los que contaba este departamento.