Dependientes discriminados

La Comunidad de Madrid, una de las comunidades de España con mayor población, está ofreciendo una cobertura más allá del ridículo en materia de dependencia, como señala el último IV DICTAMEN del Observatorio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales de España. Tan sólo un 0,41% de la población madrileña que se encuentra en esta situación está siendo atendida, frente al 1,04% de la media española.

La comúnmente llamada Ley de Dependencia venía a suponer la base del cuarto pilar del Estado de Bienestar. Sin embargo, en nuestra Comunidad, aún sigue siendo un gran reto a conseguir para todos los madrileños. UGT-Madrid, ya que la atención a la dependencia es una prioridad sindical, ha venido reivindicando y luchando por el cumplimiento y desarrollo de la Ley. Hemos estado colaborando en la aprobación, creación e implantación de la misma y desde el inicio hemos apoyado todas y cada una de las iniciativas encaminadas a la correcta aplicación de esta Ley.

Desde nuestra responsabilidad como agentes sociales, es nuestra obligación denunciar la incorrecta aplicación de esta Ley en nuestra Comunidad por parte del Gobierno Regional y exigimos el cumplimiento y desarrollo de la misma en beneficio de nuestros dependientes.

Después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, miles de personas siguen esperando que su derecho les sea reconocido. Según la información estadística del sistema para la autonomía y atención a la dependencia del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, a 1 de abril de 2010, en la Comunidad de Madrid hay 71.629 solicitudes registradas, de las cuales 52.257 personas son beneficiarias con derecho a prestación, es decir el 74,34%, de las que tan sólo 31.852 son actualmente beneficiarias con prestaciones. 

La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia no sólo supone un derecho para  las personas en situación de dependencia y sus familias, sino que la implantación de dicha Ley tiene gran impacto en materia de empleo. El desarrollo e implantación correcta y efectiva de la misma supone la creación de al menos 50.000 nuevos puestos de trabajo. Junto a esto hay que destacar que la mejora sustancial de la calidad del empleo de los sectores de atención a la dependencia, en la actualidad  muchos de ellos son empleos precarios.

UGT-Madrid exige a la Comunidad de Madrid el cumplimiento del Acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia, de 25 de enero de 2010, por el cual se establece un plazo máximo de 6 meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho a la prestación correspondiente.
      
Debemos subrayar la actitud irresponsable del Gobierno autonómico, la dejadez e incumplimiento continuo, así como la falta de responsabilidad social y política para administrar y poder dar solución a la problemática existente en el ámbito de la dependencia en nuestra Comunidad. El Gobierno regional no sólo se abstiene de implicarse, ni muestra interés en buscar vías de solución realistas, como pueden ser la inversión económica, tanto para la mejora de infraestructuras, personal o formación cualificada, sino que presenta con información sesgada y datos que no muestran la realidad, una atención a las personas dependientes, que en realidad no existe.

Estamos hablando de personas con necesidades y carencias que además de su situación vital tan complicada, se sienten decepcionados, manipulados por la utilización de un derecho que se ve mermado por intereses económicos y políticos.

UGT-Madrid propone al Gobierno regional que escuche las demandas de sus ciudadanos, que acepte la colaboración que desde diversas organizaciones (agentes sociales, entidades locales, asociaciones profesionales, etc.) se le está ofreciendo para encontrar la solución a la problemática que existe en nuestra Comunidad. De lo contrario, la Ley de Dependencia continuará siendo más un sueño para las miles de personas afectadas que una realidad efectiva.

Ana Sánchez de la Coba es secretaria de Políticas Sociales de UGT-Madrid